Cambios contractuales y una decisión judicial ponen el foco sobre cómo seguirá funcionando el sistema de pasaportes
La continuidad de los pasaportes colombianos quedó bajo presión después de que una decisión judicial suspendiera provisionalmente los instrumentos del nuevo modelo de producción. Ante ese escenario, el Ministerio de Relaciones Exteriores declaró el 17 de septiembre una urgencia manifiesta para evitar interrupciones en un servicio esencial.
Esta figura permite adoptar medidas contractuales inmediatas cuando la continuidad de un servicio exige una respuesta que no puede esperar los tiempos ordinarios. En este caso, la contratación derivada será transitoria y estará limitada a sostener la expedición de pasaportes y visas mientras se define una solución permanente.
Por ahora, la Cancillería sostiene que las oficinas de expedición y los consulados continúan atendiendo con normalidad. Las citas ya programadas siguen vigentes y los ciudadanos no necesitan realizar trámites adicionales por la declaratoria.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió provisionalmente los instrumentos asociados al nuevo modelo de pasaportes y mantuvo esa decisión después de negar solicitudes de aclaración. También ordenó que las autoridades responsables adoptaran medidas para garantizar la continuidad, regularidad y prestación ininterrumpida del servicio.
La decisión judicial puso atención sobre soportes fiscales, planeación, cumplimiento de cronogramas y el estado operativo del esquema previsto para producir y personalizar los documentos. Además, el tribunal señaló que corresponde a las autoridades definir las alternativas jurídicas, contractuales y logísticas necesarias para responder a la contingencia.
Por esa razón, la urgencia manifiesta funciona como un puente contractual mientras la Cancillería estructura una nueva licitación pública. Ese proceso deberá establecer un cronograma, responsables y seguimiento mensual para atender de manera permanente la producción y distribución de pasaportes.
La principal consecuencia inmediata es un cambio en la forma contractual utilizada para sostener el servicio, no una suspensión automática de los trámites. La producción, personalización, custodia y distribución deberán mantenerse mediante soluciones transitorias hasta que exista un esquema permanente respaldado por una nueva contratación.[img1]
El desafío estará en evitar que la transición contractual alcance la operación diaria, especialmente si surgen demoras en suministro, personalización o distribución. Ese riesgo explica por qué la declaratoria se concentra en preservar todas las etapas necesarias para que oficinas y consulados puedan seguir entregando documentos.
La Cancillería había informado previamente que existían 410.000 pasaportes disponibles y un consumo mensual cercano a 150.000 documentos. También estaba previsto el ingreso de otras 190.000 libretas, por lo que no se planteaba un desabastecimiento inmediato.
Sin embargo, mantener inventarios suficientes no resuelve por sí solo la continuidad del sistema durante una disputa contractual prolongada. La estabilidad dependerá de que las medidas temporales cubran las necesidades operativas mientras avanza la licitación destinada a reemplazarlas.
Los contratos celebrados bajo la urgencia manifiesta, junto con sus antecedentes y el acto administrativo correspondiente, serán enviados a la Contraloría General de la República. Así, la solución excepcional quedará sujeta a control fiscal mientras continúa el proceso judicial y se redefine el modelo de pasaportes.