Desde 1904, el sistema previsional argentino atravesó reformas profundas y hoy convive con protestas, endeudamiento y más empleo después de los 65 años
Este domingo 20 de septiembre, Argentina conmemora una fecha nacida para reconocer el retiro laboral, aunque el presente muestra una realidad considerablemente más compleja. Hace exactamente 122 años, el país sancionó su primera ley jubilatoria, una decisión que comenzó protegiendo a empleados estatales.
Hoy, aquella idea de garantizar ingresos durante la vejez convive con jubilados endeudados, movilizaciones semanales y personas mayores que regresan al mercado laboral. Muchos ya cumplieron décadas de actividad, pero necesitan generar nuevos ingresos para afrontar medicamentos, servicios y otros gastos cotidianos.
El 20 de septiembre de 1904, durante la presidencia de Julio Argentino Roca, fue sancionada la Ley 4.349, considerada el primer régimen jubilatorio formal argentino. Aquella normativa creó la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles para funcionarios, empleados y agentes civiles del Estado nacional.
Con los años, la cobertura alcanzó otros sectores y el sistema atravesó cambios importantes en su funcionamiento, administración y forma de financiar las prestaciones. En 1954 se adoptó un sistema de reparto, mientras que en 1994 comenzó un modelo que permitió administrar aportes mediante fondos privados.
Ese esquema fue reemplazado en 2008 por el Sistema Integrado Previsional Argentino, que estableció nuevamente un régimen público y obligatorio para las jubilaciones. Actualmente, los requisitos generales contemplan 30 años de aportes y edades mínimas de 60 años para mujeres y 65 para hombres.
Para septiembre de 2026, el haber mínimo previsional es de 428.633,20 pesos argentinos, acompañado por un refuerzo extraordinario de hasta 70.000 pesos. Quienes reciben íntegramente ese complemento pueden alcanzar aproximadamente 498.633 pesos durante septiembre, antes de la actualización prevista para octubre.
Las dificultades económicas también aparecen en el endeudamiento, utilizado cada vez más para cubrir medicamentos, alquileres, servicios y otros gastos considerados esenciales. Más de cuatro millones de jubilados mantienen deudas activas, mientras 1,36 millón posee obligaciones con entidades no financieras.
Entre diciembre de 2024 y febrero de 2026, unas 203.000 personas jubiladas ingresaron al circuito de deuda con entidades financieras no bancarias. Al mismo tiempo, los jubilados realizan movilizaciones cada miércoles frente al Congreso argentino para reclamar mejoras en sus ingresos y condiciones previsionales.
Otro indicador aparece en el empleo, porque entre finales de 2023 y comienzos de 2026 aumentaron 4,5% los trabajadores mayores de 65 años. Ese crecimiento representa aproximadamente 27.000 personas adicionales trabajando después de una edad en la cual muchas ya podrían encontrarse formalmente retiradas.
Las tareas incluyen cuidados, conducción de vehículos, vigilancia, pequeños oficios y trabajos ocasionales, frecuentemente bajo condiciones laborales más precarias. Trabajar después de jubilarse también puede responder a decisiones personales, pero el escenario cambia cuando continuar trabajando se vuelve una necesidad económica.
Por eso, el aniversario no solamente recuerda el nacimiento de una protección social iniciada en 1904, sino también los desafíos que persisten 122 años después. La discusión actual vuelve sobre una pregunta central: cuánto debe garantizar una jubilación para que el retiro pueda ser realmente sostenible.