Cambios al impuesto al carbono podrían elevar la demanda de certificados y canalizar más recursos hacia proyectos de conservación y reducción de emisiones
Un cambio de rumbo regulatorio vuelve a poner a Colombia en el centro de la discusión sobre cómo financiar proyectos ambientales mediante mercados de carbono. El Gobierno inició la revocatoria del Decreto 973 de 2026 y prepara un nuevo marco con mayor seguridad jurídica y mejores condiciones para la inversión privada.
La decisión no implica abandonar estos mecanismos, sino reemplazar una regulación cuestionada por su procedimiento de expedición y por algunas de sus disposiciones técnicas. El objetivo oficial es recuperar confianza, mejorar la coordinación institucional y facilitar recursos para conservación, restauración y reducción de emisiones.
El Decreto 973 organizaba la generación, verificación, registro y comercialización de reducciones o capturas de gases de efecto invernadero. También distribuía responsabilidades entre distintas entidades públicas y establecía reglas para mercados voluntarios y mecanismos vinculados con obligaciones regulatorias.
Fabio Arjona, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, explicó que la revisión detectó problemas jurídicos y procedimentales en la expedición del decreto. Entre ellos señaló la falta de participación del Ministerio de Hacienda en asuntos relacionados con sus competencias.[img1]
También permanecían pendientes actuaciones de otras entidades cuando la norma fue expedida. A esto se sumó que el texto sufrió modificaciones sustanciales después de una primera publicación, sin abrir una nueva ronda de comentarios públicos.
A esas observaciones jurídicas se agregaron críticas sobre los efectos prácticos de la regulación. Empresas del sector consideraban que ciertos requisitos podían elevar costos y limitar inversiones, mientras organizaciones ambientales reclamaban mayores salvaguardas para comunidades y territorios.
El ministro sostuvo además que el nuevo esquema debe recuperar la confianza de quienes participan en este mercado. La propuesta buscará combinar seguridad jurídica, integridad ambiental y reglas suficientemente claras para desarrolladores, compradores y comunidades involucradas.
Una de las principales diferencias podría estar en los incentivos fiscales vinculados con la compra de créditos de carbono. Actualmente, la no causación del impuesto al carbono tiene un límite del 50%.
Arjona adelantó que el Gobierno propondrá al Congreso recuperar una no causación de hasta 100%. Ese cambio permitiría que determinadas empresas compensen una proporción mayor de su obligación mediante certificados elegibles del mercado nacional.
Con esa medida, las autoridades buscan fortalecer la demanda de créditos y mejorar el atractivo económico de los proyectos. También esperan movilizar más capital privado hacia iniciativas de conservación y reducción de emisiones.
Otro cambio relevante estará relacionado con el Registro Nacional de Reducción de las Emisiones y Remoción de Gases de Efecto Invernadero, conocido como Renare. Arjona indicó que el Gobierno pretende fortalecer su funcionamiento y completar su reglamentación antes de finalizar 2026.
La nueva propuesta también incorporará una consulta pública más amplia y mayor coordinación entre entidades, comunidades, territorios, desarrolladores y compradores. Mientras avanza el proceso, el Gobierno aseguró que mantendrá continuidad jurídica para quienes hayan actuado de buena fe.
Todavía no existe un borrador completo de la regulación que sustituirá al Decreto 973. Por eso, siguen pendientes detalles sobre controles, plazos, procedimientos y requisitos aplicables a los proyectos.