Una jueza de Miami autorizó la captura por conspiración para cometer asesinato, mientras dos procesos judiciales avanzan por separado en Estados Unidos
Treinta años después de un ataque aéreo que dejó cuatro muertos, Raúl Castro enfrenta una orden de arresto emitida por la justicia estadounidense. Sin embargo, conseguir que el expresidente cubano comparezca ante un tribunal plantea dificultades que van más allá de su avanzada edad.
La Fiscalía de Florida anunció el 19 de octubre de 2026 cargos por conspiración para cometer asesinato en primer grado contra Castro, de 95 años. La jueza Ariana Fajardo Orshan, del Undécimo Circuito Judicial de Florida, autorizó su captura y dispuso que no se conceda fianza mientras el caso permanezca abierto.
El fiscal general estatal, James Uthmeier, atribuye al exmandatario responsabilidad en el derribo de dos avionetas civiles ocurrido el 24 de febrero de 1996. Durante el ataque murieron cuatro integrantes de Hermanos al Rescate, una organización encargada de ayudar a cubanos que intentaban llegar por mar a Estados Unidos.
Tener 95 años no representa, por sí mismo, un impedimento legal para enfrentar una detención o un proceso penal en Estados Unidos. La legislación estadounidense no establece una edad máxima general que permita evitar automáticamente una orden de arresto por delitos graves.
No obstante, el estado de salud del acusado podría adquirir relevancia durante el procedimiento, especialmente si existieran dificultades médicas para comparecer ante un tribunal. Estas circunstancias tendrían que ser evaluadas judicialmente y no significarían necesariamente la cancelación de los cargos.
La acusación estatal también se suma a un procedimiento federal iniciado en mayo de 2026 por presuntos delitos relacionados con el mismo ataque. Ambos casos pueden desarrollarse de manera independiente porque las autoridades estatales y federales tienen competencias para perseguir infracciones de sus respectivas leyes.[img1]
Permanecer en territorio cubano representa un obstáculo considerable para ejecutar la orden, porque las autoridades de Florida no pueden realizar detenciones libremente dentro de otro país. Para trasladar al exmandatario desde Cuba sería necesaria una vía jurídica que permitiera su entrega a las autoridades estadounidenses.
Si Raúl Castro viajara a un tercer país, su situación podría cambiar, aunque cualquier detención dependería de las leyes locales y los acuerdos de cooperación aplicables. La existencia de una orden estadounidense no obliga automáticamente a otros gobiernos a capturarlo ni garantiza que acepten entregarlo.
El Gobierno cubano rechazó las acusaciones, mientras el presidente Miguel Díaz-Canel cuestionó la legitimidad de la medida y la calificó como una maniobra política. Castro, por su parte, negó haber ordenado directamente el ataque que dio origen a las investigaciones.
Sobre el lugar del derribo también existen versiones contrapuestas, ya que Estados Unidos lo sitúa en aguas internacionales, mientras Cuba lo ubica dentro de su jurisdicción. Las investigaciones estadounidenses señalan además que agentes de inteligencia cubanos habrían transmitido información sobre los vuelos antes de la operación militar.
El ataque provocó la muerte de Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr., mientras otra avioneta consiguió escapar. Con dos procedimientos judiciales abiertos, la posibilidad de detener a Castro sigue condicionada por su ubicación y las vías legales para conseguir su comparecencia.