Foto: x @RaulCastro_Ruz
Un episodio ocurrido hace casi 30 años volvió a colocar a Raúl Castro frente a una posible causa en Estados Unidos. El expresidente cubano, de 94 años, podría enfrentar una acusación formal vinculada al derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate en 1996, de acuerdo con reportes de medios estadounidenses.
La posible imputación, difundida el jueves 14 de mayo, dependería de la aprobación de un gran jurado. El expediente se conoce mientras Estados Unidos endurece su presión sobre el gobierno de Miguel Díaz-Canel y mantiene contactos directos con funcionarios cubanos.
El caso que vuelve
El caso se remonta al 24 de febrero de 1996, cuando cazas cubanos derribaron dos aeronaves Cessna 337. Las avionetas eran operadas por Hermanos al Rescate, un grupo dedicado a localizar embarcaciones de cubanos que intentaban cruzar el estrecho de Florida.
Aquel hecho dejó cuatro muertos y quedó como uno de los episodios más graves entre ambos países desde la Guerra Fría. La Organización de Aviación Civil Internacional ubicó el incidente en espacio aéreo internacional, mientras Cuba sostuvo que las aeronaves violaron su espacio aéreo.
Raúl Castro tenía entonces un papel central en las Fuerzas Armadas cubanas y luego sucedió a Fidel Castro en la presidencia. De prosperar, la acusación buscaría establecer responsabilidades penales por la muerte de los tripulantes y por las decisiones militares asociadas al derribo.
Presión y contactos en La Habana
La información apareció durante una visita poco común del director de la Agencia Central de Inteligencia, John Ratcliffe, a La Habana. Associated Press reportó que Ratcliffe se reunió con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, y con autoridades del Ministerio del Interior.
El encuentro incluyó temas de seguridad, cooperación de inteligencia y estabilidad económica, según funcionarios estadounidenses y cubanos citados por AP. Ratcliffe transmitió la disposición de Washington a dialogar, condicionada a cambios fundamentales en Cuba.
La situación actual combina sanciones, restricciones al suministro petrolero y una oferta humanitaria estadounidense para alimentos, medicinas y combustible. Esas medidas elevan la presión sobre La Habana en una crisis marcada por apagones prolongados y dificultades de abastecimiento.
Qué puede ocurrir ahora
El primer paso será la decisión del gran jurado, porque sin esa aprobación no habría acusación formal en tribunales estadounidenses. Si el proceso avanza, Raúl Castro quedaría expuesto a cargos penales dentro del sistema judicial de Estados Unidos.
Castro no tendría que comparecer de inmediato, debido a que permanece en Cuba y no existe una vía automática de entrega. El efecto más directo sería político y diplomático, con nuevas restricciones de viaje y mayor presión sobre funcionarios vinculados al caso.
La situación también puede condicionar las conversaciones abiertas entre Washington y La Habana, especialmente en seguridad, energía y ayuda humanitaria. Por ahora, el expediente combina una causa judicial pendiente, una relación bilateral deteriorada y un episodio de 1996 con víctimas aún reclamadas por sus familias.
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