Cuáles podrían ser las consecuencias de prohibir el outsourcing en México

De prohibirse, podrían perderse 5 millones de empleos; sin embargo, la subcontratación se ha utilizado ampliamente con fines fraudulentos

Ante declaraciones del presidente López Obrador en 2020, grupos empresariales han advertido de los efectos negativos que tendría prohibir el outsourcing

El outsourcing o subcontratación se extendió como práctica laboral en México en los últimos años, contribuyendo a disminuir el trabajo informal de un 33% a un 22%, según el Colegio de México. Ante el proceso de reforma laboral en materia de subcontratación en el país, muchas asociaciones empresariales han reaccionado desfavorablemente y aseguran que de prohibirse esta modalidad de contratación, los efectos serían negativos.

Según Miguel Pérez García, presidente de la Confederación Mundial de Empleo en América Latina (WEC), de eliminarse el outsourcing se perderían 5 millones de empleos funcionando en este esquema en México. En opinión de Pérez García, la eliminación del outsourcing sería "una decisión nociva y negativa para una realidad y mercados que lo que están necesitando es flexibilización", afirma en un comunicado de prensa enviado a NotiPress. Además, Pérez García cita el ejemplo de la prohibición de la subcontratación en España, donde asegura, trajo un impacto negativo a su economía e informalidad laboral, al punto de revertir dicha decisión.

Por su lado, la empresa de recursos humanos Rinteli menciona, en una publicación de su blog, algunos de los efectos negativos de prohibir la subcontratación. Entre ellos se encuentra la cancelación de inversiones de Europa, Asia y Estados Unidos y la reducción de competitividad a Norteamérica como región económica. También menciona un impacto político electoral en las próximas elecciones, a realizarse en junio de 2021 en el país. Ritaneli cita fuentes como WEC, la Organización Internacional de Empleadores y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) para sustentar sus pronósticos.

Aunque en un principio, a mediados de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciaba la cancelación del outsourcing, desde entonces se han llevado a cabo negociaciones y recalculado el camino. Actualmente se discute una reforma para regular, no prohibir, la subcontratación. Según un comunicado de prensa de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, los usos fraudulentos del outsourcing son una preocupación para el gobierno de López Obrador. Señalan, a partir de una inspección de 2019 se detectó un 83% de empresas con el total de su plantilla subcontratada, mientras el otro 17% tenía subcontratado al 95.5% de ella.

Otra irregularidad detectada fue que el 75% de las empresas inspeccionadas registraron a sus trabajadores con salarios menores a los percibidos realmente y con actividades diferentes a las desempeñadas con el objetivo de bajar sus primas de riesgo fraudulentamente. Además otro 29% de las empresas inspeccionadas por la Secretaría imponen la renovación mensual del contrato a sus trabajadores.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) respalda esta intención de reformar la ley para regular el outsourcing en el país. Durante la presentación de su informe "La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad", Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal se pronunció al respecto. Afirmó que la iniciativa para limitar el outsourcing tiene sentido no sólo en México, sino en toda la región. La prevalencia de esta forma de contratación se traduce en una caída importante en las remuneraciones a la seguridad social, afirmó la secretaria ejecutiva en esta conferencia del 10 de febrero.

Si bien, prohibir el outsourcing en México podría tener consecuencias negativas, es importante llevar a cabo una reforma que regule su funcionamiento. Ante los abusos asociados al uso de la subcontratación, es importante abordar esta reforma no sólo desde una perspectiva donde se proteja al país del impacto económico. También es vital abogar por los trabajadores, asegurando un marco legal con el cual se obligue a las empresas a respetar los derechos laborales y las prestaciones de sus empleados.