Foto: X @Andesco1
En medio de la creciente tensión entre el Gobierno nacional y las empresas del sector energético, Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), expresó su preocupación por las recientes decisiones tomadas desde la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Según afirmó, estas medidas afectan directamente la confianza de los inversionistas y pueden frenar el desarrollo de nuevos proyectos de distribución de gas en Colombia.
Durante una entrevista concedida a medios de comunicación, Sánchez señaló que actualmente el país no cuenta con autosuficiencia energética y enfrenta la necesidad de importar gas para atender la demanda interna. Esta condición fue reconocida, según sus palabras, incluso por el presidente de la República, quien solicitó a Ecopetrol garantizar el suministro de este recurso para evitar un alza en los precios.
La preocupación principal del dirigente gremial radica en las órdenes de devolución de cobros tarifarios emitidas por la Superintendencia, las cuales, aseguró, fueron anunciadas sin haberse realizado audiencias ni evaluaciones completas del contexto en el cual operaron las empresas. Indicó que estas compañías tomaron decisiones anticipadas para asegurar la prestación del servicio ante la falta de oferta local, informando oportunamente sobre el impacto económico derivado de importar el gas.
Otro punto destacado por Sánchez fue el potencial impacto de estas decisiones regulatorias en la expansión del servicio. Señaló la existencia de más de un millón de personas en Colombia aún cocinando con leña, una práctica con riesgos tanto para la salud como para el medio ambiente. Alertó sobre el cambio en las condiciones normativas durante el proceso de prestación del servicio, situación generadora de incertidumbre y desincentivo para la inversión necesaria a fin de alcanzar a estas poblaciones.
También, la historia del sector demuestra un avance significativo desde la implementación de la Ley 142 en 1991. En ese momento, apenas 200 mil ciudadanos contaban con acceso al gas. Hoy, la cifra supera los 13 millones. Según Sánchez, este progreso fue posible gracias a la estabilidad regulatoria y al compromiso del sector empresarial. Agregó que una alteración abrupta en las normas puede poner en riesgo no solo el crecimiento logrado, sino también la capacidad para seguir ampliando la cobertura del servicio.
Además, el presidente de Andesco enfatizó que las empresas no fueron notificadas formalmente antes de las resoluciones anunciadas por la Superintendencia. Afirmó cómo esta situación contradice principios básicos del orden legal colombiano y solicitó respeto por los procesos establecidos en la Constitución.
De este modo, en su intervención, el dirigente gremial insistió en cómo los cambios repentinos en las reglas de juego afectan la planificación financiera y operativa de las empresas. A su juicio, las entidades del Estado deben actuar con transparencia, previsibilidad y apertura al diálogo, especialmente en sectores estratégicos como el energético.
Finalizó solicitando el restablecimiento del respeto institucional hacia las compañías del sector, al recordar su papel en la generación de empleo formal y bienestar social. Aseguró que las decisiones que afecten la operación de estas empresas deben ser producto de procesos técnicos, objetivos y con participación de todas las partes involucradas.
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