Bogotá,
Martín Olivera
Crédito foto: Martin Olivera (Composición/NotiPress)
Un cruce diplomático entre Bolivia y Colombia terminó con la expulsión de la embajadora colombiana, después de declaraciones de Gustavo Petro sobre las protestas bolivianas y el expresidente Evo Morales. El gobierno boliviano sostuvo que la medida responde a la defensa de la soberanía y al rechazo de pronunciamientos externos sobre su situación interna.
En La Paz, la Cancillería informó que "ha decidido solicitar a la Embajadora de la República de Colombia acreditada en el país la conclusión de sus funciones diplomáticas en territorio boliviano". También aclaró que la "decisión no constituye ruptura de relaciones diplomáticas con la República de Colombia ni afecta los históricos vínculos de amistad, cooperación y respeto entre ambos pueblos y Estados".
Desde Bolivia le pidieron a Elizabeth García Carrillo cerrar sus funciones después de señalar que las declaraciones de Petro excedieron el margen diplomático esperado. La medida no rompe relaciones, pero desplaza el conflicto desde la discusión política hacia el terreno formal entre dos Estados.
Autoridades bolivianas vincularon la salida de García Carrillo con declaraciones de Petro sobre la crisis política y las movilizaciones contra Rodrigo Paz. Petro afirmó en X que el país "vive una insurrección popular" y relacionó las protestas con una "respuesta a la soberbia geopolítica".
El presidente colombiano también pidió a Estados Unidos no atacar a Morales, quien enfrenta un proceso por presunta trata y abuso infantil. En X escribió, "Le solicito al gobierno de EEUU no atacar al expresidente Evo Morales".
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Fernando Aramayo, canciller de Bolivia, dijo a Unitel que García Carrillo fue declarada persona non grata por las "insistentes declaraciones públicas" de Petro. Su explicación ubicó el reclamo boliviano en el principio de no injerencia, usado en diplomacia para tratar asuntos internos entre gobiernos.
Petro respondió a Caracol Radio que su intención era promover una salida negociada, no confrontar con el gobierno boliviano. "Si por proponer un diálogo sacan a la embajadora, es porque se están pasando a extremismos", afirmó el mandatario colombiano.
También sostuvo que Bolivia amerita un gran diálogo nacional, mientras las protestas mantienen presión sobre el gobierno de Paz. La respuesta colombiana quedó vinculada a una oferta pública de mediación, mientras Bolivia insistió en rechazar pronunciamientos externos.
Bogotá y La Paz mantienen relaciones diplomáticas, porque el comunicado boliviano descartó una ruptura formal con Colombia. La decisión afecta la representación diplomática, pero no cancela los canales estatales entre ambos países.
Las protestas en Bolivia incluyeron bloqueos, saqueos, incendios provocados, ataques a edificios públicos y enfrentamientos con la policía. El gobierno boliviano atribuyó las movilizaciones a sindicatos, campesinos y simpatizantes de Morales, señalados como parte de una presión política contra Paz.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia otorgó a García Carrillo el plazo correspondiente para abandonar el país, sin precisar públicamente el calendario. La embajadora había sido designada por Petro tras su llegada al poder en 2022, con un perfil indígena Arhuaco poco frecuente en la diplomacia colombiana.