Foto: Cancillería Colombia
La Cancillería presentó ante el Congreso un proyecto de ley que busca introducir a Colombia en la "Convención Internacional Contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios" ratificado por Naciones Unidas en 1989. Este instrumento tiene el objetivo de combatir a las organizaciones criminales que se aprovechan de los militares retirados reclutándolos como mercenarios.
El ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, afirma que "necesitamos herramientas para enfrentar las organizaciones que se dedican o instrumentalizan personas que están bien formadas y entrenadas en temas militares o de seguridad, a quienes los reclutan y se los llevan a participar en guerras que no tienen nada que ver con ellos ni con Colombia". A estos sujetos "los usan como carne de cañón, y después se nos crea un problema casi que diplomático: las familias quieren que traigan a esas personas".
Con este proyecto de ley busca enfrentar a estas organizaciones, como también combatir las prácticas que atentan contra el orden público y constitucional, y promueven delitos de lesa humanidad como genocidio o crímenes de guerra. Además, apunta a las empresas militares de seguridad privada.
De acuerdo con el Canciller, a Colombia "muchas veces llegan redes extranjeras a reclutar a estas personas, a veces con engaños, y las llevan a países y a guerras que nada tienen que ver con nosotros. Eso nos lleva a situaciones diplomáticas complejas porque a veces estas personas quedan atrapadas, otros quieren salir y no pueden".
Este instrumento de carácter internacional pretende que Colombia sea parte de la "Convención Internacional Contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios". De esta forma, se busca que ninguna organización "reclute, utilice, financie, ni entrene mercenarios, y se prohíba cualquier tipo de actividad relacionada", aseguró el ministro citando el texto de la Convención.
Según la Convención, aprobada el 4 de diciembre de 1989 por Naciones Unidas, se considera mercenario a un sujeto que "está motivado para participar esencialmente por el deseo de obtener un beneficio privado importante, y está impulsado por la promesa o el pago de una compensación material". El tratado considera un criminal a quien "reclute, utilice, financie o entrene mercenarios, intente hacerlo o sea cómplice de una persona que cometa o intente cometer un delito establecido en la Convención".
Basado en la Convención, el proyecto de ley busca crear delitos específicos para actos cometidos por mercenarios y así, combatir esas actividades. La ley será estudiada por la Comisión II del Senado de la República encargada de los temas de relaciones internacionales y de seguridad y defensa nacional.
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