Foto: Patricia Manero (NotiPress)
Una investigación periodística difundida por Noticias Caracol reveló información sobre presuntos vínculos entre disidencias de las Farc, integrantes del Ejército Nacional y funcionarios públicos. Esto generó una ola de reacciones en distintos sectores políticos en el país. El informe mostró documentos y comunicaciones que apuntan a supuestos pactos de no agresión, traslado de insurgentes en vehículos blindados, e incluso menciones a figuras del alto gobierno.
El operativo que dio origen al caso Calarcá ocurrió en julio de 2024, cuando siete miembros de las disidencias fueron interceptados por el Ejército en Anorí, Antioquia. En ese momento, los detenidos se movilizaban con escoltas pertenecientes a la Unidad Nacional de Protección. Se incautaron armas, dinero en efectivo y dispositivos con contenido sensible. Sin embargo, poco después, fueron liberados por orden de la fiscal General Luz Adriana Camargo, quien los identificó como gestores de paz.
Los hallazgos presentados por el medio también incluyen supuestas coordinaciones entre grupos armados y mandos de la Fuerza Pública. Parte de la documentación contiene referencias a reuniones en Venezuela, presuntos canales de financiamiento y presencias de figuras relevantes en la campaña electoral de 2022.
Uno de los primeros en pronunciarse fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. El 24 de noviembre, mediante su cuenta en X, expresó: "Queda claro cómo ganaron la Presidencia: de la mano de las peores estructuras criminales de este país". Agregó: "Se comprueba con las revelaciones de los archivos de Calarcá, con la infiltración en inteligencia, con la entrega de credenciales a capos como ‘Gestores de Paz’ y con los criminales parados en la tarima del Gobierno".
En otro mensaje, afirmó: "A los criminales les están entregando el país pedazo a pedazo". Posteriormente, difundió un video en el cual manifestó: "Cada vez se hace más evidente que Petro, Francia Márquez y ese gobierno se hicieron elegir de la mano de los peores criminales". Además, llamó a las autoridades a investigar los presuntos vínculos denunciados y pidió justicia.
Frente a estos señalamientos, la vicepresidenta Francia Márquez publicó un comunicado el 25 de noviembre, en el que rechazó toda conexión con organizaciones ilegales. En sus palabras: "No existe ninguna prueba fehaciente que pueda demostrar mi vínculo con estos grupos ilegales". Añadió: "Lo único que se presenta es un supuesto mensaje de WhatsApp, dicho por un delincuente usando mi nombre para darse importancia frente a otros delincuentes".
Negó además cualquier relación con alias Mayimbú: "Jamás en la vida he visto a ese personaje". Según Márquez, las acusaciones buscan afectar su nombre e integridad. También declaró: "Jamás he recibido apoyo de criminales. Jamás me he reunido con criminales. Jamás me prestaré para ningún pacto oscuro".
Otro de los actores que reaccionaron fue el abogado Enrique Gómez, quien escribió en redes sociales el mismo 25 de noviembre: "Ella ‘cree’ que por emitir un comunicado diciendo que no hizo nada mal, estamos en la obligación de creerle. Usted al igual que los implicados en todo el desastre causado, irán a la cárcel". Gómez también señaló: "Desde el presidente, como la Fiscal y decenas de altos funcionarios tienen que responder ante la justicia por sus nexos y alianzas criminales con Calarcá".
Hasta el momento, no se ha anunciado formalmente una investigación por parte de la Fiscalía relacionada con los hechos denunciados. La situación continúa en desarrollo mientras se mantienen las exigencias de transparencia desde distintos sectores del país.
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