Foto: Presidencia de Colombia
El Gobierno de Colombia ordenó una ofensiva institucional contra los delitos electorales, a pocos días de las elecciones legislativas previstas en todo el país. La medida tiene como objetivo frenar la compra de votos, una práctica ampliamente documentada y señalada por afectar la legitimidad democrática.
La instrucción fue emitida por el presidente Gustavo Petro, quien comunicó públicamente la decisión a través de la red social X. "El presidente de la República ha dado la orden de capturar a los compradores de votos y ponerlos a órdenes de la Fiscalía. La compra de votos permite que los criminales se adueñen del Estado y de la ley en contra del pueblo", escribió el mandatario.
El anuncio se produjo luego de un operativo realizado en el municipio de Hatonuevo, en el departamento de La Guajira. Allí fue detenido Luis Acuña, escolta del secretario general de la Cámara de Representantes, en posesión de 145 millones de pesos en efectivo y propaganda política del candidato conservador Daniel Restrepo.
Según informó Caracol Radio, el caso fue confirmado por el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez. La detención reactivó el debate sobre el vínculo entre campañas políticas y redes de compra de votos en regiones con antecedentes de clientelismo electoral.
Organismos de observación electoral señalaron que estas prácticas suelen intensificarse en periodos de votación, especialmente en territorios donde hay pobreza estructural y escasa supervisión institucional. Los métodos incluyen la entrega de efectivo, mercados, materiales de construcción o promesas de empleo a cambio de apoyo político.
En muchos casos, los responsables de ejecutar estas acciones son intermediarios conocidos como "punteros" o "líderes", quienes organizan el voto, distribuyen los recursos y aseguran que se cumpla el acuerdo ilícito. Estas figuras actúan como nexo entre campañas y comunidades.
Además de los operativos dentro del país, Petro denunció irregularidades en los puestos de votación en el exterior. "Propaganda exagerada de la registraduría en los puestos de votación internacional. Busca aumentar votos por las consultas", indicó el jefe de Estado en otra publicación.
El mandatario agregó: "Hay millones conmigo que no queremos votar por las consultas presidenciales porque el Consejo Nacional Electoral excluyó arbitrariamente candidatos". En ese contexto, advirtió que marcar más de una casilla anula el voto y desvió la atención hacia el Congreso como objetivo prioritario del sufragio.
Aunque la compra de votos está tipificada como delito electoral, las condenas fueron escasas frente a la magnitud del problema, según analistas. Las autoridades confirmaron que la Fiscalía y la Policía continuarán realizando operativos preventivos y judiciales para proteger la transparencia del proceso legislativo en marcha.
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