Bogotá,
Martín Olivera
Crédito foto: Martin Olivera (Composición/NotiPress)
Una respuesta diplomática de Colombia abrió un nuevo capítulo en la relación con Bolivia, sin cerrar los canales formales entre Bogotá y La Paz. El Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano declaró la conclusión de funciones de Ariel Percy Molina Pimentel. El funcionario actuaba como encargado de oficina de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Colombia.
En Bogotá, la decisión fue fechada el 20 de mayo de 2026 por la Cancillería colombiana. La entidad citó el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Bolivia había ordenado antes la salida de la embajadora colombiana Elizabeth García Carrillo de su territorio.
La medida de Colombia movió el foco desde la crisis boliviana hacia el estado actual del vínculo bilateral. El cruce dejó a ambos gobiernos en una fase de distanciamiento diplomático, aunque sin ruptura formal de relaciones. El gobierno colombiano sostuvo que su respuesta fue adoptada por reciprocidad frente a la determinación tomada por La Paz.
Desde la Cancillería colombiana afirmaron que ningún funcionario nacional tuvo interés o propósito de intervenir en asuntos internos de Bolivia. También ratificó principios de igualdad soberana, no intervención, autodeterminación, solución pacífica de controversias e integridad territorial. Esa posición buscó encuadrar la respuesta de Bogotá dentro de normas diplomáticas, no como una escalada adicional.
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Ariel Percy Molina Pimentel aparece en el directorio oficial de la Embajada de Bolivia en Colombia como primer secretario. El comunicado colombiano lo identificó como encargado de oficina de la representación boliviana en Bogotá. Esa precisión permitió distinguir su función diplomática de la figura formal de un embajador acreditado.
El intercambio comenzó después de que el gobierno boliviano declarara persona non grata a Elizabeth García Carrillo. Autoridades bolivianas vincularon esa decisión con declaraciones públicas del presidente Gustavo Petro sobre la situación política boliviana. Colombia respondió mediante un comunicado institucional, sin anunciar sanciones adicionales contra personal diplomático o consular boliviano.
Pese a la medida, Bogotá declaró su disposición a acompañar iniciativas de paz y diálogo si Bolivia lo solicita. La Cancillería condicionó cualquier acompañamiento al pedido del gobierno boliviano y al respeto del derecho internacional. También mencionó vías institucionales, participación ciudadana, derechos humanos y libertades fundamentales como marcos de eventual cooperación.
El mensaje colombiano dejó abierta la comunicación diplomática entre ambos países, un dato clave para medir el alcance del episodio. La Cancillería sostuvo que los vínculos de cooperación y fraternidad se han conducido durante más de un siglo. También reiteró su compromiso de preservar disponibles los canales diplomáticos entre las dos naciones.
Para la relación Colombia Bolivia, el caso instala una tensión centrada en reciprocidad y manejo de representantes oficiales. El episodio ocurre mientras ambos gobiernos sostienen posiciones distintas sobre el origen del desencuentro diplomático. Bolivia señaló injerencia en sus asuntos internos, mientras Colombia negó intención de intervenir en la política boliviana.