Foto: Martin Olivera (Composición/NotiPress)
Un escenario de seguridad marcado por el crecimiento de estructuras ilegales acompañará el próximo cambio presidencial en Colombia. Las autoridades también mantienen alertas preventivas después de un atentado ocurrido pocos días antes de la ceremonia prevista en Cali.
A julio de 2026, los grupos armados ilegales reunían 28.802 integrantes, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz. La cifra supera los 15.120 miembros registrados en diciembre de 2022 y representa un incremento del 90%.
El balance utiliza información oficial del Ministerio de Defensa y examina los resultados de la política de Paz Total. Durante ese periodo, las organizaciones ilegales ampliaron sus filas mientras el Gobierno mantenía negociaciones con distintos grupos armados.
Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia el viernes 7 de agosto, en una ceremonia organizada en Cali. El relevo de Gustavo Petro ocurrirá bajo un operativo especial, diseñado tras varias alertas y un reciente ataque con explosivos.
Disputas territoriales aumentan junto con las estructuras ilegales
Las fracturas internas entre organizaciones armadas abrieron nuevos espacios de confrontación durante los últimos cuatro años. Las disputas territoriales pasaron de siete en 2022 a 14 en la actualidad, según la Fundación Ideas para la Paz.
Durante 2025, la organización registró 116 enfrentamientos entre grupos armados, la cifra anual más alta desde 2016. Ese aumento mostró una mayor competencia por territorios, corredores estratégicos y zonas vinculadas con economías ilegales.
El informe también identificó avances dentro de los procesos de negociación impulsados por el gobierno saliente. Entre ellos aparecen 55 compromisos territoriales alcanzados en ocho mesas y el desarme de 99 integrantes armados.
Quienes integraban la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano ingresaron a una Zona de Ubicación Temporal. El mecanismo fue establecido para facilitar su tránsito a la vida civil mediante procedimientos acordados con las autoridades.
La fundación señaló problemas relacionados con objetivos indefinidos, coordinación institucional limitada y ausencia de reglas claras frente al reclutamiento de menores. También cuestionó los acuerdos parciales que permitieron mantener negociaciones sin avances concretos hacia el desarme.
El respaldo ciudadano a continuar los diálogos cayó del 76% en agosto de 2022 al 50% en febrero de 2025. La reducción coincidió con una mayor preocupación pública por la seguridad y el control territorial.
Cali activa controles tras un atentado en Cúcuta
Un camión bomba explotó el 1 de agosto frente a una estación policial en Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela. El ataque dejó ocho policías y tres civiles heridos, además de daños en viviendas cercanas.
De la Espriella condenó el atentado mediante un mensaje publicado en sus redes sociales. "El terrorismo no intimidará a Colombia ni doblegará la voluntad de los colombianos de vivir en paz y con seguridad", escribió.
La ceremonia presidencial contará con aproximadamente 11.000 policías y militares desplegados en tierra, aire y zonas marítimas. Las autoridades instalaron controles en accesos principales, vías hacia Buenaventura, el aeropuerto y municipios cercanos.
Cali también aplicará restricciones para drones, ley seca y medidas de movilidad durante la jornada presidencial. La Gobernación del Valle del Cauca aseguró que existen alertas, pero aclaró que no hay explosivos confirmados en la ciudad.
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