Bogotá,
Martín Olivera
Crédito foto: Martin Olivera (Composición/NotiPress)
Una nueva estructura judicial permitirá investigar redes que captan víctimas, las trasladan entre continentes y obtienen ganancias mediante explotación sexual. Con este mecanismo, Colombia y Francia compartirán pruebas, coordinarán operaciones y trabajarán sobre los mismos casos sin fragmentar los procesos penales.
La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, y los vicepresidentes de Instrucción del Tribunal de Marsella formalizaron dos acuerdos de cooperación. François Bonnecarrere y Emmanuel Rodríguez participaron en la protocolización simultánea, acompañados por autoridades judiciales y diplomáticas de ambos países.
Mediante estos acuerdos nacieron los Equipos Conjuntos de Investigación, identificados como ECI, con sedes operativas en París y Marsella. Estos grupos desarrollarán investigaciones paralelas sobre organizaciones criminales vinculadas con captación, traslado y explotación de personas entre América Latina y Europa.
Estas unidades podrán compartir testimonios, interceptaciones telefónicas, datos financieros y otros elementos judiciales relacionados con investigaciones abiertas en ambos países. Esta coordinación permitirá conectar pruebas obtenidas por autoridades colombianas con diligencias realizadas por fiscales, magistrados y organismos judiciales franceses.
Las investigaciones estarán dirigidas contra redes que captan personas en Colombia y posteriormente las trasladan hacia Europa con fines de explotación sexual. También alcanzarán a quienes facilitan documentos, transporte, alojamiento, contactos, movimientos financieros o recursos utilizados por estas organizaciones dentro de Francia.
Una de las modalidades que genera preocupación entre las autoridades es la criminalidad forzada mediante ofertas laborales falsas difundidas por redes sociales. Algunas víctimas son trasladadas con promesas de empleo y después obligadas a trabajar en centros de llamadas dedicados a cometer estafas.
El nuevo esquema también facilitará operaciones coordinadas contra una misma organización criminal, evitando que cada país investigue conexiones aisladas sin acceso inmediato a pruebas. Los equipos podrán organizar diligencias simultáneas, identificar colaboradores y seguir movimientos económicos relacionados con actividades ilícitas desarrolladas en distintas jurisdicciones.
"Las investigaciones estarán orientadas a identificar y judicializar las redes que captan personas en Colombia, las trasladan a Europa con fines de explotación sexual y obtienen beneficios económicos de esta actividad ilícita", señaló la Fiscalía colombiana.Cada convenio incorpora acciones destinadas a proteger, atender y reparar integralmente a las personas afectadas por trata internacional y explotación sexual. Estas acciones acompañarán los procesos judiciales y atenderán riesgos relacionados con represalias, revictimización o exposición durante las investigaciones contra las redes responsables.
x @FiscaliaCol
Esta implementación quedará bajo responsabilidad de la Dirección de Asuntos Internacionales y del Grupo de Trata y Tráfico de Personas de la Fiscalía colombiana. Ambas dependencias trabajarán con el magistrado de enlace de la Embajada de Francia y autoridades del Ministerio de Justicia francés.
Las relaciones judiciales entre Colombia y Francia incorporarán canales directos para compartir pruebas, coordinar operaciones y revisar avances sobre organizaciones específicas. Cada actuación deberá respetar los procedimientos legales aplicables en ambos países y las competencias de las instituciones participantes.
El seguimiento financiero será otro componente central, debido a que las redes de trata obtienen beneficios mediante explotación, traslado y control de víctimas. Las autoridades podrán examinar movimientos sospechosos, identificar beneficiarios y localizar recursos presuntamente vinculados con economías ilícitas en Colombia y territorio francés.