Ciudad de México ,
Carlos Ortíz
Crédito foto: Patricia Manero (NotiPress/Composición)
El Gobierno de Colombia solicitó al de Nicaragua información oficial para confirmar si Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), cuenta con residencia legal en ese país. El presidente Gustavo Petro anunció que, de comprobarse esta condición, se pedirá formalmente su entrega a la justicia colombiana.
El pronunciamiento de Petro se realizó el 15 de agosto de 2025, un día después de que medios nacionales publicaran reportes que indicaban que la Embajada de Colombia en Managua habría gestionado la renovación de la residencia de González el 21 de mayo de este año. Petro negó este trámite y declaró: "La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al gobierno nicaragüense que sea entregado a ella, si es residente en ese país".
En otro mensaje en su cuenta de X, el mandatario precisó: "El gobierno colombiano no ha solicitado a ningún país algún tipo de privilegio para Carlos Ramón González". No obstante, hasta el momento no se han presentado documentos oficiales o declaraciones del gobierno nicaragüense que confirmen o desmientan la residencia del exfuncionario.
El contexto judicial señala que González, quien también presidió el partido político de la exalcaldesa Claudia López, ha sido mencionado en investigaciones por presuntos actos de corrupción. Según declaraciones del Presidente, parte de los recursos sustraídos habrían financiado la campaña local de Iván Name, exintegrante de ese partido y actual opositor.
Petro reiteró que ni el embajador de Colombia en Nicaragua, Freddy Muñoz, ni el Ejecutivo nacional han tramitado residencia para González. Aseguró además que gestionará personalmente su retorno si se confirma la residencia en Nicaragua.
En el ámbito jurídico, Colombia y Nicaragua han mantenido relaciones complejas en materia de cooperación judicial. Según registros oficiales, no existe un acuerdo bilateral de extradición en vigor, por lo que cualquier entrega dependería de convenios multilaterales o decisiones soberanas de cada Estado. Este factor podría influir en los plazos y procedimientos de la solicitud anunciada.
La verificación oficial de residencia será determinante para que la petición se tramite conforme a los protocolos internacionales y la legislación interna de ambos países, en el marco del respeto a la transparencia, la legalidad y el fortalecimiento institucional.