Foto: Unsplash
Durante 2024, Amnistía Internacional (AI) documentó un preocupante retroceso en materia de derechos humanos en Colombia, según su más reciente informe global. En su análisis anual titulado "El Estado de los Derechos Humanos en el Mundo", la organización advirtió sobre la intensificación de la violencia, el colapso institucional y la persistente vulneración de derechos fundamentales, particularmente en territorios históricamente marginados.
Publicado en abril de 2025, el informe señala que Colombia, junto a otros países de América Latina, presenta signos de una "tendencia autoritaria preocupante". Según AI, "la represión del disenso, la criminalización de la protesta, la impunidad por crímenes graves y la desprotección de las poblaciones más vulnerables son síntomas de una tendencia autoritaria preocupante".
Más de 200 líderes sociales fueron asesinados en Colombia en 2024. La organización alertó que la respuesta del Estado fue insuficiente y predominantemente reactiva. "Los grupos armados ilegales siguen cometiendo homicidios selectivos, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores", documentó Amnistía en su evaluación anual.
Las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y ambientalistas siguen siendo blanco de ataques perpetrados por disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados ilegales. "Las zonas rurales siguen siendo las más afectadas por el control territorial de actores armados que operan con total impunidad", destacó la ONG.
Además, se denunciaron más de 600 casos de desaparición forzada, principalmente en departamentos como Nariño, Cauca y Norte de Santander. "Hacen desaparecer a personas para infundir terror y controlar a las comunidades", afirmó el informe.
El informe remarcó que el reclutamiento forzado de menores continuó siendo una práctica recurrente. Se reportaron al menos 315 casos en regiones como el Pacífico, el suroeste y el Catatumbo. "Los niños y niñas son arrancados de sus hogares, muchas veces bajo amenazas o engaños, y utilizados por los grupos armados en funciones que los exponen a graves violaciones de sus derechos", denunció la entidad.
Respecto a las acciones del Gobierno colombiano, AI cuestionó su enfoque y lo calificó de insuficiente. "No basta con chalecos antibalas o esquemas de escoltas. Se necesita una estrategia integral de protección que incluya garantías colectivas y un enfoque diferencial", indicó la organización. También pidió mayor presencia institucional y cumplimiento efectivo del Acuerdo de Paz de 2016.
"La falta de condiciones básicas como educación, salud o seguridad facilita que estos menores caigan en manos de grupos armados", advirtió Amnistía Internacional, reiterando la responsabilidad estatal de prevenir estas violaciones. "El Estado colombiano tiene la obligación de garantizar que nadie sea asesinado por defender los derechos de su comunidad", concluyó el informe.
En su revisión regional, la organización también incluyó casos graves en países como México, Nicaragua, Venezuela y El Salvador. No obstante, en el caso colombiano, el informe hace énfasis en la continuidad del conflicto armado y el abandono institucional como factores determinantes del retroceso en derechos humanos.
DESCARGA LA NOTA SÍGUENOS EN GOOGLE NEWS
