Bogotá,
Martín Olivera
Crédito foto: Presidencia de Colombia
Colombia podría enfrentar una crisis operativa si la Corte Constitucional anula el decreto de emergencia económica que sustenta el gasto público actual. A casi cuatro meses de las elecciones presidenciales de 2026, el Gobierno advirtió que la caída de esta medida dejaría al Estado sin capacidad para pagar salarios a soldados, policías y otros sectores esenciales.
Durante el Consejo de Ministros celebrado el 19 de enero, el presidente Gustavo Petro afirmó que, de invalidarse el decreto, se aplicarían recortes presupuestales de gran escala. "En el año 2023 ya fue necesario un recorte de $16 billones", señaló. El mandatario explicó que nuevas reducciones afectarían servicios como salud, educación y seguridad. En sus palabras: "Si seguimos así, el Estado no podrá cumplir sus funciones esenciales".
Según Petro, la raíz de la situación fiscal actual está en la negativa del Congreso a aprobar la reforma tributaria y dos leyes de financiamiento. "Lo que intentaba la ley de reforma tributaria y después las dos leyes de financiamiento que hundió el Congreso, era disminuir el déficit primario para hacer sostenible el pago de la deuda", explicó. A esto se suma el desbalance de la balanza comercial, que, según el presidente, agrava el déficit y vuelve la deuda pública insostenible.
El presidente también responsabilizó a los miembros de la oposición por esta situación. "La primera decisión contra la reforma tributaria y después las dos leyes de financiamiento hechas por el Senado de la República y, básicamente, bajo el designio de dos senadores de la oposición lo que han determinado es llevarnos al país a un estado de impagabilidad", afirmó.
Como opción alternativa, Petro planteó revisar contratos de infraestructura donde permanecen inmovilizados recursos públicos. Citó como ejemplo la concesión Mulaló - Lobo Guerrero, donde aseguró que hay $18 billones retenidos. "Ahora tendríamos que dar una cifra exacta, pero el año que yo pregunté tenía $18 billones guardados", detalló. También mencionó que el grupo de Luis Carlos Sarmiento tiene "$2 billones guardados".
Además, el mandatario criticó decisiones judiciales que, según él, debilitaron la reforma tributaria. Señaló que la Corte Constitucional eliminó una parte clave sobre la deducción de regalías. "Decidió que el pago de regalías que hacen las petroleras, carboneras y otras mineras, no debía deducirse", dijo. En su opinión, esa situación perjudicó el patrimonio nacional y la base fiscal.
Estas advertencias ocurren en un contexto de creciente tensión institucional. Hace algunos días, el Consejo de Estado admitió una demanda contra el decreto presidencial que fijó el aumento del salario mínimo, otro acto del Ejecutivo en entredicho. Esa revisión judicial aún está en curso.