Bogotá ,
Carlos Ortíz
Crédito foto: X @DeptofWar
Colombia y Reino Unido suspendieron recientemente su cooperación de inteligencia con Estados Unidos, en respuesta a los ataques con misiles dirigidos contra embarcaciones en el mar Caribe. Las acciones, calificadas como posibles "ejecuciones extrajudiciales" por organismos internacionales, motivaron la ruptura del intercambio de información estratégica sostenido por décadas para la lucha antidrogas regional.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció a través de su cuenta oficial en X la orden de "suspender el envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses". Esta medida continúa "mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe" y añadió que "la lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño".
La declaración presidencial se emitió pocas horas después de que la periodista Natasha Bertrand, de CNN, revelara que Reino Unido había tomado una decisión similar hace más de un mes. Según el informe, Londres resolvió no compartir más información con Washington sobre embarcaciones sospechosas en el Caribe, ante la posibilidad de que esta inteligencia se utilice para bombardear objetivos, una práctica que podría vulnerar el derecho internacional.
Reino Unido mantiene bases de inteligencia en territorios caribeños y colaboraba con el Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto Sur, con sede en Florida. Esta instancia opera bajo liderazgo estadounidense para interceptar el tráfico de drogas en la región. La decisión británica busca evitar complicidad con ataques a embarcaciones considerados "ilegales".
Desde septiembre, el Pentágono ha confirmado 19 ataques via "Operación Iron Tide", provocando al menos 76 muertes. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, afirmó que los bombardeos apuntan a "terroristas de los carteles", aunque hasta ahora no se han presentado pruebas públicas sobre la identidad o actividad de los ocupantes de las embarcaciones atacadas.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, señaló: "ninguna de las personas que se encontraban en las embarcaciones atacadas parecía representar una amenaza inminente", por lo que calificó las acciones como "ejecuciones extrajudiciales" y pidió su cese inmediato. La directora de Human Rights Watch en Washington, Sarah Yager, aseguró que estas acciones no se ajustan al derecho internacional y acusó al Gobierno estadounidense de "matar de forma sumaria".
La postura colombiana se enmarca en un intento de redefinir la cooperación internacional antidrogas, priorizando los derechos humanos y la soberanía. De acuerdo con datos de la Cancillería, "el 85% de la inteligencia procesable utilizada por la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Sur provino de Colombia", a través de la Operación Orión. La suspensión del flujo de información podría dificultar la interceptación de cargamentos ilícitos y beneficiar a organizaciones del narcotráfico.
Colombia fue durante más de dos décadas el principal socio de Estados Unidos en la región para combatir el narcotráfico, particularmente desde la firma del Plan Colombia en el año 2000. Sin embargo, las relaciones bilaterales se han tensado en los últimos meses. En enero de 2025, la administración de Donald Trump impuso sanciones arancelarias a productos colombianos y, en septiembre, descertificó al país en materia antidrogas.
Organismos internacionales y gobiernos como el de Francia también han manifestado su rechazo a los bombardeos. El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, expresó durante la cumbre del G7 su preocupación por operaciones las cuales "ignoran el derecho internacional" y destacó que la política antidrogas francesa se basa en interceptaciones, no en ataques.
Las operaciones militares estadounidenses se han desplazado del Caribe al Pacífico oriental, con reportes de ataques frente a costas mexicanas. Familias de víctimas en países como Trinidad y Tobago, Colombia y Venezuela afirman que los fallecidos eran pescadores y no narcotraficantes. Mientras tanto, el presidente Petro ha solicitado que se investigue a Donald Trump por posibles "crímenes de guerra".