Foto: Andrea Puentes - Presidencia Colombia
Durante el Consejo de Ministros realizado el lunes 7 de abril, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse al tema de las tarifas de energía eléctrica en Colombia. En una intervención transmitida en vivo, destacó la necesidad de reducir los costos para los usuarios, con una perspectiva especial en la región Caribe, y detalló medidas del Gobierno enmarcadas en su estrategia de transición energética.
El mandatario calificó como irregulares las prácticas de algunas empresas generadoras. Según sus palabras, "se está robando el dinero un oligopolio de empresas generadoras de energía eléctrica". Añadió que esta situación representa "un absurdo y una especie de feudalismo, uno de los grandes hechos de corrupción".
Petro vinculó estas afirmaciones con el impacto económico generado por los altos costos energéticos en los hogares y sectores productivos. Indicó que "literalmente se están robando el dinero y no los políticos, sino un oligopolio de empresas generadoras de energía eléctrica, básicamente hídrica". También mencionó que los altos precios afectan la competitividad y son "un costo de producción dañino para toda la producción nacional".
Como parte de las medidas anunciadas, el presidente reiteró su compromiso con la instalación de paneles solares, particularmente en comunidades vulnerables. "Debemos ejecutar nuestra promesa de instalar paneles solares", expresó. Esta política beneficiaría principalmente a los estratos 1, 2 y 3, según lo planteado en su programa de Gobierno.
Durante su intervención, el mandatario cuestionó la falta de pronunciamiento de ciertos gremios frente al costo de la energía. "Nunca vemos a la Andi peleando peleas contra los obreros, que no es un costo de producción, es una inversión", señaló.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, también se refirió al modelo energético vigente, señalando que el próximo 20 de julio se cumplen 30 años desde su implementación. Explicó que este modelo fue creado "en el marco de un modelo neoliberal" y estuvo alejado de los intereses de los usuarios. "Nosotros en este gobierno hemos considerado el derecho a la energía como un derecho humano", afirmó.
Palma explicó que se busca garantizar el acceso al servicio incluso en zonas históricamente excluidas. Destacó que la política pública en desarrollo prioriza el acceso y el uso de energías limpias. "Se ha querido incentivar el uso de energías limpias, democratizar la energía y garantizar la prestación del servicio", sostuvo.
También recordó que una iniciativa presidencial para intervenir en el mercado de la energía fue suspendida por el Consejo de Estado. "Recordemos que al inicio se quiso, como lo ordena la Constitución, intervenir en el mercado de la energía eléctrica y fue el Consejo de Estado el que tumbó ese decreto", precisó.
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