Foto: Gustavo Torres (NotiPress)
En un hecho sin precedentes que refleja la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, el gobierno estadounidense confiscó un avión oficial del presidente venezolano Nicolás Maduro. La acción, realizada en República Dominicana y enmarcada en las sanciones impuestas a Venezuela, marca un momento crítico en las relaciones bilaterales y envía un claro mensaje sobre la firmeza con la que Washington busca hacer cumplir sus políticas contra el régimen de Maduro.
La aeronave, un Dassault Falcon 900 valorado en 13 millones de dólares, fue trasladada a Florida tras una operación coordinada por varias agencias federales estadounidenses. Según informaron funcionarios estadounidenses, incautar un avión perteneciente a un jefe de Estado extranjero es una medida extremadamente rara y refleja la determinación de Washington de hacer cumplir sus sanciones.
"Nadie está por encima de la ley ni fuera del alcance de las sanciones estadounidenses", indicó uno de los funcionarios, subrayando la importancia de esta acción. El avión confiscado, que fue fotografiado en diversas visitas de Estado realizadas por Maduro, es considerado el equivalente venezolano al Air Force One.
Los funcionarios señalaron que este decomiso es un mensaje a los altos mandos del gobierno venezolano, evidenciando que los lujos y privilegios de los líderes contrastan de manera flagrante con la situación de pobreza de gran parte de la población de Venezuela. Dicha operación involucró a agencias federales como Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), se llevó a cabo tras la identificación de una "oportunidad" para confiscar la aeronave.
Aunque las razones específicas para esta incautación no fueron detalladas, República Dominicana notificó al gobierno venezolano sobre la acción, la cual se produce en un contexto de creciente tensión entre ambos países. Este decomiso es parte de un esfuerzo mayor por parte del gobierno estadounidense para desmantelar los activos del régimen venezolano, muchos de los cuales fueron adquiridos mediante actividades ilícitas. En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Maduro y a otros 14 funcionarios venezolanos de narcoterrorismo y corrupción.
Por otra parte, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado ofreció una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a la detención o condena de Maduro. Este decomiso es una de las múltiples medidas de Washington implementadas en respuesta a las recientes elecciones en Venezuela, calificadas como fraudulentas por la comunidad internacional.
No obstante, Estados Unidos criticó las acciones del Consejo Nacional Electoral de Venezuela y del Tribunal Supremo de Justicia, controlados por Maduro, considerándolas una violación de las normas internacionales y venezolanas. A pesar de las tensiones, el régimen venezolano afirmó que no debe explicaciones a Estados Unidos sobre la reelección de Maduro, sugiriendo que las relaciones entre ambos países continuarán siendo extremadamente conflictivas.
DESCARGA LA NOTA SÍGUENOS EN GOOGLE NEWS
