Ciudad de México,
Francisco Vicario
Crédito foto: Sergio F Cara (NotiPress/Composición)
La administración del presidente Gustavo Petro se enfrenta a una crisis tras la adjudicación directa de un contrato de expedición de pasaportes a Thomas Greg & Sons, valorado en 599 mil millones de pesos colombianos. Esta decisión, tomada por José Antonio Salazar, secretario general de la Cancillería, provocó una tormenta política, culminando en la destitución de Salazar por parte de Petro, quien calificó el contrato como "corrupto" y una "traición".
Así, la suspensión del canciller Álvaro Leyva, debido a una investigación sobre irregularidades en la contratación, añade más controversia al asunto. Salazar, defendiendo su decisión en radio Blu, insistió en que actuó dentro de la legalidad y conforme a la normativa colombiana, destacando su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de la ley.
Los dichos de Salazar difieren de la visión del jefe del Ejecutivo colombiano y ponen en relieve la crisis interna del Gobierno.
Entre dimes y diretes, la situación generó un intenso debate sobre la legalidad y la ética de la adjudicación del contrato, especialmente en el contexto de las acusaciones previas de Gustavo Petro contra Thomas Greg & Sons. La decisión de Salazar, a pesar de las directrices presidenciales y las investigaciones en curso, pone en relieve las tensiones internas dentro del Gobierno colombiano y plantea interrogantes sobre el futuro del contrato y las implicaciones políticas para la administración de Petro.
Contenido actualizado el 26-02-2024 13:36