Bogotá,
Martín Olivera
Crédito foto: Presidencia de Colombia
Una decisión judicial contra miembros del Congreso colombiano abrió un nuevo capítulo en la investigación por presunta corrupción relacionada con recursos destinados a emergencias. La Corte Suprema de Justicia ordenó el 11 de marzo de 2026 el envío a prisión de los legisladores Wadith Manzur y Karen Manrique dentro del proceso por irregularidades vinculadas a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Las autoridades sostienen que ambos habrían aceptado beneficios a cambio de respaldar operaciones de crédito solicitadas por el Gobierno en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Ese órgano del Congreso evalúa los préstamos internacionales que financian programas públicos y proyectos estatales.
Manzur, integrante del Partido Conservador, fue elegido senador con más de 134.000 votos en las elecciones legislativas recientes. Manrique, representante de las curules reservadas para víctimas del conflicto armado, fue reelegida en el departamento de Arauca con más de 5.000 votos.
La investigación judicial indica que el apoyo legislativo habría sido negociado mediante contratos públicos vinculados a proyectos de la UNGRD. Según la providencia del alto tribunal, "en varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas, por el trámite de esos créditos, sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd) en Córdoba, Arauca y Bolívar".
Esos proyectos correspondían a iniciativas de prevención de riesgos e infraestructura en municipios específicos. Entre ellos figuraban Cotorra, en el departamento de Córdoba; Saravena, en Arauca; y el corregimiento de El Salado, en el Carmen de Bolívar.
Parte del material probatorio incluye declaraciones del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, detenido dentro del mismo proceso. Durante su testimonio ante la Corte Suprema señaló: "La congresista llega a mi oficina a impulsar los contratos, yo le entrego mi libreta y ella escribe".
Las autoridades investigan si esas reuniones permitieron definir los municipios y contratos asociados al presunto acuerdo político. El valor de los proyectos analizados en la investigación alcanzaba aproximadamente 92.000 millones de pesos colombianos.
Karen Manrique se presentó ante las autoridades en el municipio de Tame, Arauca, tras conocerse la decisión judicial. Su abogado Andrés Garzón afirmó en entrevista con La FM que la congresista "siempre ha estado dispuesta a presentarse a la justicia y a cumplir con los mandatos de la sala".
Además de los dos legisladores detenidos, la Corte Suprema llamó a juicio a otros tres congresistas del Partido Liberal y a un exlegislador del partido Alianza Verde. Estas personas continuarán vinculadas al proceso judicial en libertad mientras avanza la investigación.
El caso también involucra a exfuncionarios del Ejecutivo relacionados con la gestión de recursos de la UNGRD. Entre los investigados figuran el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco y otros funcionarios que participaron en la estructura administrativa del organismo.
Tras conocerse la decisión judicial, el presidente Gustavo Petro reaccionó en su cuenta de X. En su mensaje escribió: "Dice que el hecho de corrupción más grande de la historia se da alrededor de la captura del senador Wadith Manzur. ¡Qué barbaridad!".
El mandatario añadió en la misma publicación que, al conocer las irregularidades dentro de la UNGRD, su administración expulsó a los responsables. En su declaración señaló: "El que lo intente, se va. Como se fue Olmedo".