Foto: Martin Olivera (Composición/NotiPress)
Un nuevo capítulo se suma a la disputa arancelaria entre Ecuador y Colombia tras el anuncio desde Quito de aumentar del 30% al 50% la tasa de seguridad para las importaciones colombianas. La medida, oficializada el 26 de febrero de 2026 por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, entrará en vigencia a partir del 1 de marzo y marca una escalada significativa en el conflicto comercial iniciado en enero.
Desde su origen, la controversia giró en torno a las condiciones de seguridad en la frontera común de aproximadamente 600 kilómetros. Según el comunicado oficial del Ministerio, Ecuador tomó la decisión "tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia".
La tasa de seguridad es un recargo aplicado a productos importados y tiene el objetivo de financiar acciones vinculadas a la protección nacional. En este caso, el incremento se argumenta como parte de una política de soberanía para combatir amenazas como el narcotráfico, el tráfico de armas y la minería ilegal.
"A partir del 1 de marzo, se incrementará la tasa de seguridad a las importaciones provenientes de Colombia, pasando del 30% al 50%", puntualizó el Ministerio en el mismo comunicado. Además, indicó que la medida responde "a criterios de seguridad nacional, para fortalecer la corresponsabilidad en una tarea que debe ser conjunta: enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera".
Colombia, uno de los principales socios comerciales de Ecuador, reaccionó con medidas similares tras el anuncio inicial del recargo del 30% en enero. En respuesta, Gustavo Petro aplicó un arancel recíproco a 73 productos ecuatorianos, como arroz, banano y azúcar, y limitó el paso terrestre por los puntos fronterizos de Ipiales y Puerto Asís.
El aumento al 50% no solo agrava la situación, sino que profundiza el impacto en sectores productivos de ambos países. Según la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), los aranceles afectan aproximadamente a 5,25 millones de dólares en exportaciones semanales hacia Colombia, lo que representa cerca de un tercio del comercio total con ese país.
Desde la ciudad fronteriza de Tulcán, varios productos permanecen almacenados en bodegas debido a las restricciones de paso impuestas por Colombia. Adicionalmente, las represalias escalaron al ámbito energético. Tras las primeras sanciones de Ecuador, el gobierno colombiano suspendió la venta de electricidad, llevando a Daniel Noboa a incrementar un 900% la tarifa para el transporte de crudo por su oleoducto.
El 25 de febrero, la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, afirmó que el país "mantiene el diálogo con Colombia a través de las respectivas embajadas y de contactos directos entre autoridades". No obstante, ambas naciones mantienen exigencias para avanzar en las negociaciones. Quito demanda la erradicación de cultivos ilícitos y el levantamiento de la suspensión energética, mientras Bogotá solicita la eliminación de los aranceles.
Hasta el momento, no se informó si el nuevo arancel tendrá carácter temporal ni se establecieron medidas específicas para mitigar su impacto económico. El Gobierno ecuatoriano reiteró que continuará adoptando acciones soberanas ante la falta de resultados concretos en materia de seguridad fronteriza.
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