Bogotá,
Martín Olivera
Crédito foto: Presidencia de Colombia
Colombia entra en una etapa migratoria más restrictiva tras la orden presidencial de iniciar operativos contra extranjeros sin estatus regular. Abelardo de la Espriella instruyó a Migración Colombia y la Policía para comenzar acciones coordinadas durante esta misma semana.
La prioridad serán los extranjeros que cometan delitos y, posteriormente, quienes no tengan regularizada su situación migratoria. "No voy a aceptar a inmigrantes ilegales, de donde sea que vengan, que estén cometiendo fechorías en Colombia", afirmó De la Espriella.
El anuncio representa un cambio frente a políticas anteriores, centradas principalmente en facilitar mecanismos de regularización para la población migrante. El mandatario también sostuvo que la decisión tiene carácter político y administrativo, y asumió públicamente la responsabilidad de implementarla.
La instrucción presidencial establece dos grupos prioritarios dentro de los nuevos controles que desarrollarán las autoridades migratorias y policiales. Primero serán buscados extranjeros que estén cometiendo delitos y después personas las cuales permanezcan en Colombia sin una situación migratoria regularizada.
Sobre este grupo, De la Espriella indicó que "en el término de la distancia tendrán que ser deportados". Aún no se detallaron plazos individuales, mecanismos de revisión ni procedimientos específicos para ejecutar expulsiones a gran escala.
Migración Colombia deberá coordinar las operaciones con la Policía mientras continúa pendiente la designación del nuevo director de la entidad. También existen dudas sobre los recursos necesarios para trasladar numerosas personas y completar los procesos administrativos correspondientes.
Colombia alberga alrededor de 2,8 millones de venezolanos, la mayor comunidad de esa diáspora instalada actualmente en otro país latinoamericano. Las cifras sobre población venezolana irregular varían entre más de 527.000 personas y aproximadamente 848.000, según distintos registros oficiales divulgados.
Dentro de ese universo figuran cerca de 193.000 niños, niñas y adolescentes que requieren consideraciones especiales durante cualquier procedimiento migratorio. Esa presencia convierte cualquier cambio en los mecanismos de control en una decisión con amplio impacto social y administrativo.
La política anunciada comparte elementos con medidas impulsadas por Donald Trump en Estados Unidos, particularmente el énfasis en operativos y deportaciones. Ambos enfoques vinculan el control migratorio con objetivos de seguridad y colocan entre sus prioridades a extranjeros relacionados con actividades delictivas.
ICE
También contemplan localizar a personas sin estatus regular para iniciar procedimientos destinados a retirarlas del territorio nacional.
Colombia comparte con Venezuela una frontera terrestre superior a 2.200 kilómetros, condición que modifica considerablemente la logística de cualquier deportación masiva.
El debate también incluye dudas sobre si las deportaciones producen por sí mismas una reducción significativa de la criminalidad. El Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes señaló que la relación entre migración y delito aparece como débil.
Además, recordó que Secure Communities relacionó controles migratorios con arrestos en Estados Unidos sin mostrar reducciones observables en las tasas de criminalidad. La comparación coloca el foco no solo en la magnitud de los operativos, sino también en sus resultados sobre seguridad.