Foto: UNESCO
Este sábado 26 de septiembre se cumplen diez años de la primera firma pública del acuerdo entre Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El pacto buscó cerrar más de medio siglo de conflicto armado y abrió una transformación política, judicial y social que todavía continúa.
Aquel acto, celebrado en Cartagena en 2016, no fue el cierre definitivo del proceso, porque el texto quedó sometido a un plebiscito nacional. La opción del "No" ganó esa consulta, obligando al gobierno de Juan Manuel Santos y a la antigua guerrilla a renegociar varios puntos antes de una nueva firma. El acuerdo definitivo fue suscrito el 24 de noviembre de 2016, después de casi cuatro años de negociaciones desarrolladas principalmente en La Habana.
Qué estableció el acuerdo y cómo cambió el conflicto
El pacto reunió seis grandes ejes: reforma rural integral, participación política, fin del conflicto, drogas ilícitas, derechos de las víctimas y mecanismos de implementación. Entre sus compromisos centrales estuvo la dejación de armas de las FARC, cuya transición hacia la vida civil quedó acompañada por Naciones Unidas. La misión internacional recibió 8.994 armas y posteriormente verificó aspectos vinculados con reincorporación, seguridad, reforma rural, enfoque étnico y justicia transicional.
También se creó un sistema para investigar los crímenes más graves, integrado por la Jurisdicción Especial para la Paz y otras instituciones orientadas a verdad y búsqueda de desaparecidos. La transformación también alcanzó la política, porque las antiguas FARC se convirtieron en partido y recibieron diez escaños garantizados durante dos periodos legislativos.
Según la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, 13.829 personas ingresaron al proceso de reincorporación y 85% continuaba participando ocho años después. En el ámbito rural, casi 2,96 millones de hectáreas habían sido formalizadas entre 2017 y julio de 2024, aunque varias metas permanecían incompletas. La seguridad siguió siendo uno de los mayores desafíos, con cientos de firmantes asesinados desde el inicio de la implementación.
Una década después, la justicia vuelve al centro
El décimo aniversario llega con una nueva disputa alrededor de la Jurisdicción Especial para la Paz, pieza central del modelo de justicia transicional colombiano. El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella propone asignarle 821.803 millones de pesos colombianos para 2027, frente a los 947.642 millones solicitados.
De la Espriella sostiene que la reducción responde a prioridades fiscales y a la necesidad de fortalecer una justicia ordinaria congestionada por numerosos procesos. "Eso no es asfixia ni venganza: es responsabilidad fiscal", afirmó el mandatario al defender la propuesta presupuestaria.
Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, advirtió que una reducción podría limitar servicios esenciales y capacidad operativa. La institución también solicitó respaldo de Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional y otros actores vinculados con el acompañamiento del acuerdo.
Una década después de la firma en Cartagena, persisten asuntos abiertos sobre seguridad, justicia, tierras y cumplimiento institucional. La fecha recuerda una firma que no cerró todas las disputas, pero sí modificó la manera en que Colombia buscó resolver parte de su conflicto armado.
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