Foto: Defensoría del Pueblo
La utilización reiterada de drones y artefactos explosivos está modificando las condiciones de la confrontación armada en distintos territorios de Colombia, según advirtió la Defensoría del Pueblo luego de los ataques y hostigamientos registrados entre el 7 y el 8 de agosto de 2026. La institución señaló que estas modalidades adquieren especial relevancia cuando se emplean en zonas pobladas o cerca de bienes civiles, debido al riesgo de efectos indiscriminados.
Entre esos dos días se reportaron acciones armadas en distintos departamentos, con particular intensidad en Cauca y Nariño, además de hechos en Cesar, Antioquia, Tolima, Huila, Arauca, Caldas, Bolívar, Meta y Guaviare. Los episodios incluyeron hostigamientos y ataques con armas de fuego, drones y explosivos, principalmente contra instalaciones de la Fuerza Pública, infraestructura, vías y corredores estratégicos.
Varios hechos ocurrieron en cabeceras municipales o en inmediaciones de viviendas, establecimientos comerciales y vías utilizadas cotidianamente por las comunidades. Algunos provocaron afectaciones a civiles y restricciones a la movilidad, un escenario que amplifica las consecuencias potenciales del empleo de medios capaces de alcanzar áreas habitadas.
Cuando drones y artefactos explosivos son utilizados cerca de población civil, la distancia entre un objetivo militar y los espacios de uso cotidiano adquiere una importancia particular. La Defensoría recordó que la presencia de un objetivo militar en un entorno poblado no elimina las obligaciones de protección hacia las personas y bienes civiles ubicados en sus inmediaciones.
Aunque la sucesión de hechos ocurrió en un periodo corto y en numerosos departamentos, la información disponible no permite afirmar que exista una ofensiva nacional coordinada, explicó la institución. Las circunstancias y autorías de varios episodios continúan en verificación y, de acuerdo con la Defensoría, los ataques responden a dinámicas territoriales y actores diversos en un escenario de fragmentación de estructuras armadas.
Ante este contexto, la institución envió un mensaje a los grupos armados ilegales la obligación de respetar los principios de distinción, precaución y proporcionalidad establecidos por el derecho internacional humanitario. También exigió abstenerse de acciones con efectos indiscriminados y de conductas que afecten la vida, integridad, movilidad y demás derechos de las comunidades.
Además, el Sistema de Alertas Tempranas ya había advertido sobre el uso de drones y artefactos explosivos en distintos territorios. La reiteración de estas modalidades mantiene el foco sobre la protección de la población civil frente a formas de confrontación capaces de extender sus efectos más allá de los objetivos directamente atacados.
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