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Una nueva decisión en materia energética volvió a tensar la relación comercial entre Colombia y su vecino del sur, tras confirmarse un fuerte incremento en el costo del transporte de crudo. Desde el 26 de enero de 2026, Ecuador aplica una tarifa diez veces superior para movilizar petróleo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), un servicio clave para la exportación hacia el Pacífico.
El ajuste eleva el cobro de 3 a 30 dólares por barril y fue confirmado por la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano. La funcionaria explicó que la medida se dirige exclusivamente a usuarios extranjeros que utilizan la infraestructura estatal ecuatoriana. En declaraciones radiales verificadas, afirmó: "Lo que nosotros hemos hecho en reciprocidad, como yo lo anuncié. Hay que hacerles entender que yo también te estoy dando un servicio y que es un servicio importantísimo para Ecopetrol y las empresas colombianas".
La nueva tarifa fue establecida mediante una resolución de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arce). El incremento impacta de manera directa a Ecopetrol y a otras compañías que dependen del SOTE para transportar crudo desde el sur de Colombia hasta el puerto ecuatoriano de Esmeraldas. Registros de 2025 indican que más de 46 millones de barriles colombianos circularon por infraestructuras ecuatorianas.
Este encarecimiento del transporte petrolero se suma a una serie de medidas arancelarias aplicadas en los últimos días. El 22 de enero de 2026, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció que su país impondrá, a partir del 1 de febrero, un arancel del 30% a las importaciones provenientes de Colombia, bajo la figura de una "tasa de seguridad". El mandatario justificó la decisión por una supuesta falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera común.
La respuesta del Gobierno colombiano fue inmediata. Ese mismo 22 de enero, Colombia suspendió la exportación de electricidad hacia Ecuador mediante una resolución del Ministerio de Minas y Energía. El ministro Edwin Palma Egea calificó el arancel ecuatoriano como "una agresión económica que rompe el principio de integración regional" y defendió la suspensión energética como una acción preventiva.
"El deber del Estado es garantizar, ante todo, que los hogares, la industria y los servicios esenciales de Colombia cuenten con energía segura y confiable", expresó Palma Egea. La cartera explicó que la decisión se fundamenta en informes técnicos del Centro Nacional de Despacho y del Ideam, ante la posibilidad de un nuevo fenómeno de El Niño.
Pese a las acusaciones de falta de cooperación, el Ministerio de Defensa de Colombia informó días antes sobre una operación conjunta con fuerzas ecuatorianas que permitió la incautación de 2,24 toneladas de marihuana en la frontera. En un comunicado oficial, la institución señaló que "la cooperación entre Colombia y Ecuador permite resultados concretos contra el narcotráfico transnacional".
En el ámbito petrolero, Ecopetrol mantiene vigente un contrato firmado con Petroecuador en mayo de 2024, con validez hasta 2027, para transportar un promedio de 13.250 barriles diarios por los ductos OSLA y SOTE. El aumento tarifario modifica de forma sustancial los costos asociados a este acuerdo.
Hasta el momento, las autoridades colombianas no anunciaron medidas adicionales frente al incremento del 900% en la tarifa petrolera. El conflicto comercial permanece abierto y continúa afectando sectores estratégicos como la energía, los hidrocarburos y el comercio bilateral.
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