Foto: X @SenadoGovCo
A pesar de presentar cambios sustanciales, el Ministerio de Hacienda se mantiene en $523 billones para el presupuesto de 2025 el cual se debate el martes 24 de septiembre en el Congreso. Si durante la jornada no se aprueba el presupuesto, el Presidente tiene derecho a establecerlo por decreto ya que por ley el presupuesto debe quedar establecido antes del 26 de septiembre.
El debate en el Congreso fue postergado anteriormente. La principal causa fue la falta de consenso entre los legisladores quienes no están dispuestos a ceder en sus propuestas. Para esta nueva oportunidad, el Gobierno corre el riesgo de no recibir el aval de los senadores quienes, en su mayoría, rechazan el presupuesto previsto para el año próximo. Si bien el Poder Ejecutivo logró convencer a congresistas conservadores como los de La U y de las curules de paz, todavía no hay firmas de la comisión Cuarta del Senado y la Tercera del Senado no logró el quórum.
Aun así, el Gobierno defiende el monto propuesto. Durante la décima reunión de ponentes del Presupuesto General 2025 realizada el 16 de septiembre en el Ministerio de Hacienda, el ministro Ricardo Bonilla afirmó que "el Presupuesto de 523 billones de pesos cumple con la Regla Fiscal. La mayor parte será financiada por la Nación, con ingresos propios de los establecimientos públicos y $12 billones por recursos contingentes".
No obstante, primero se debatirá en el Senado la ponencia alternativa del senador Miguel Uribe Turbey, que plantea bajar el monto a $488 billones, $35 billones menos que la propuesta del Gobierno nacional. "Este es un presupuesto que busca disminuir el aparato burocrático. Propongo disminuir el monto destinado a funcionamiento en 5% con respecto a 2024, lo equivalente a $14 billones", manifestó el senador quien aseguró tener en cuenta la inversión en sectores como infraestructura, vivienda, deporte, salud, educación y minas y energía, como también, contemplar un aumento del 1% en la inversión, el cual equivale a $1 billón en comparación con 2024.
Por su parte, el Gobierno argumenta que los recursos adicionales son necesarios para invertir en las regiones periféricas y ayudar en sectores más carenciados. Según el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), recortar el presupuesto podría comprometer el crecimiento económico y aumentaría la desigualdad social.
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