Foto: Axel Olivares (NotiPress/Composición)
Mediante una notificación formal, el presidente del Senado colombiano, Efraín Cepeda, informó al presidente Gustavo Petro que la cámara alta sí se pronunció en contra de la Consulta Popular 1.0. La comunicación se hizo mediante una carta con fecha del 28 de mayo de 2025, en respuesta a declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti.
En la misiva, Cepeda declaró: "El día 14 de mayo de 2025, en sesión plenaria del Senado de la República, la corporación, mediante votación nominal, decidió negar el concepto favorable solicitado, con resultado de 49 votos por el No y 47 votos por el Sí". Esta comunicación se acompañó de la certificación emitida por el secretario general del Senado, Diego González, en respaldo de los resultados mencionados.
Dicho documento fue emitido en respuesta a los señalamientos de Armando Benedetti, quien aseguró que no hubo pronunciamiento oficial del Senado sobre el mecanismo de consulta propuesto por el Ejecutivo. Según el ministro, el Gobierno nacional considera que existieron vicios de procedimiento durante el trámite legislativo.
Benedetti afirmó públicamente: "Si el Senado no se pronuncia de aquí al 1 de junio, el Gobierno de Gustavo Petro convocará la consulta popular". Además, cuestionó la legalidad del proceso: "La Ley Quinta de 1992, en su artículo 125, establece que antes de una votación debe haber lectura de la proposición, no se leyó".
Cepeda expresó en declaraciones anteriores que, si el Ejecutivo emite dicho decreto, él mismo acudiría a las instancias legales pertinentes para solicitar su anulación. Durante esas intervenciones, aseguró estar convencido de que una consulta por decreto sería "ilegal e inconstitucional", y el Consejo de Estado podría proceder con su rechazo.
Este intercambio entre el Legislativo y el Ejecutivo ocurre en medio del contexto de la reforma laboral, que había sido archivada y posteriormente revivida en la Comisión Cuarta del Senado el martes 27 de mayo de 2025. La discusión de esta reforma generó tensiones adicionales entre ambas ramas del poder, reflejadas ahora en el debate sobre la consulta popular.
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