
Foto: X @CeDemocratico
El joven de 17 años, señalado por su participación en el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, escapó de centro de custodia en el cual estaba detenido. El menor se había entregado voluntariamente a las autoridades el 18 de julio, luego de ser identificado como uno de los implicados en el ataque ocurrido el 7 de junio en el barrio Modelia (Bogotá) durante un evento político con simpatizantes.
Según información preliminar confirmada por fuentes judiciales, el adolescente se encontraba bajo medidas especiales de protección y debía rendir un segundo interrogatorio en los próximos días. Las autoridades lo consideraban un testigo clave para esclarecer los hechos ocurridos durante el atentado, en el que se habrían coordinado disparos contra el vehículo del senador, sin que se registraran heridos.
La Procuraduría General de la Nación confirmó que el joven estaba bajo vigilancia judicial en un centro especializado para menores, donde permanecía desde su entrega. Aunque no se han revelado detalles sobre el modo en que logró escapar, se investiga si existió negligencia por parte del personal a cargo de su custodia.
Dicho adolescente es el segundo menor implicado en el caso, luego de que otro joven fuera vinculado como presunto partícipe del plan de ataque, cuyas motivaciones aún no han sido confirmadas oficialmente. La fuga representa un revés para el proceso de esclarecimiento del atentado, que ha sido objeto de seguimiento por parte de entidades judiciales y legislativas.
Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación, incluyendo los posibles vínculos entre los jóvenes implicados y grupos armados organizados o redes de influencia política. Hasta ahora, no se han establecido responsabilidades directas ni se han emitido nuevas órdenes de captura públicas.
La Fiscalía y la Policía de Infancia y Adolescencia trabajan en operativos de búsqueda para localizar al menor fugado. Sin embargo, no se ha informado si el joven tenía medidas de seguridad reforzadas o si su testimonio había sido formalizado legalmente antes de la fuga.
Mientras tanto, el caso continúa sin una conclusión judicial clara. La ausencia del menor clave en el proceso abre interrogantes sobre la solidez del caso y los procedimientos de protección aplicados por el Estado a testigos adolescentes bajo riesgo.
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