Foto: X @eleccionescolom
El ministerio de la igualdad y la equidad dejará de existir por una orden de la Corte Constitucional, la cual tumbó la ley 2281 de 2023, argumentando un vicio en el trámite de la viabilidad fiscal. La Sala Plena del alto tribunal tachó de inexequible la ley que dio nacimiento al ministerio, ya que no respetó los requisitos previstos para la aprobación de las leyes ordinarias.
Frente a esto, la vicepresidenta de Colombia y quien encabeza el ministerio, Francia Márquez, cuestionó la decisión de la corte. Como parte del programa "Gobierno con los barrios populares" llevada a cabo por el presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta hizo referencia a la situación en su paso por Manizales, en donde expuso una de las causas que condujo a la creación del ministerio: el desabastecimiento de agua en La Guajira.
"¿Cómo es posible que una institución que trabaja por la gente más vulnerable de este país tenga que desaparecer? Respetamos la decisión, pero no la compartimos", confesó Márquez, quien además anunció que tramitará de nuevo ante el Congreso un proyecto de ley que le proporcione un nuevo piso en materia legal de esta dependencia del Estado. Por otro lado, en el caso de que el Congreso rechace el proyecto, el Gobierno tiene la opción de reasignar las funciones que tenía este ministerio a otras dependencias estatales.
Márquez dejó firme su postura al decir: "dejamos aquí, en esta mesa, expresada nuestra posición frente a la decisión de la Corte. Y decirles como ministra que acá seguimos firmes, porque ese fue el compromiso del Gobierno. Y vamos a seguir firmes, trabajando por la gente, y firmes trabajando por la transformación de este país, hasta que la dignidad se haga costumbre".
Luego de la demanda impuesta por la senadora por el Centro Democrático, Paloma Valencia, la cual pedía la derogación de la citada ley 2281/23, la Corte investigó el caso y observó que, durante el trámite de aprobación, el congreso incurrió en un vicio de procedimiento insubsanable, en el cual no se realizaron análisis de impacto fiscal para la creación del ministerio. Tales exigencias están previstas en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003.
Sin embargo, el ministerio no se cerrará sino hasta 2026 debido a que su cierre inmediato sería un riesgo para el sector administrativo. En este sentido, la sala plena de la Corte Constitucional declaró que: "esto causaría una desarticulación institucional que afectaría la implementación de la política pública que ha sido diseñada por el legislador y el ejecutivo para garantizar los derechos de sujetos de especial protección constitucional, tales como las madres cabeza de familia y las personas en situación de discapacidad. Lo anterior, podría, a su vez, comprometer la vigencia del principio de igualdad y, en concreto, el mandato previsto en el artículo 13.3 de la Carta Política".
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