Bogotá,
Martín Olivera
Crédito foto: X @AlvaroUribeVel
El lunes 28 de julio de 2025, el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez enfrenta un fallo clave en el juicio que lo señala por presunto soborno, soborno a testigos y fraude procesal. El proceso, considerado el más significativo en la historia judicial del país, marca un giro inesperado tras más de una década de enfrentamientos jurídicos y políticos.
Todo este proceso inició en 2012 cuando Uribe denunció al entonces congresista Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia, acusándolo de manipular testigos en su contra desde centros penitenciarios. No obstante, el juicio se le vino en contra del exmandatario seis años después cuando el tribunal archivó la denuncia contra Cepeda y abrió una investigación contra Uribe al encontrar indicios de que su entorno habría intentado alterar testimonios judiciales.
El 4 de agosto de 2020, la Corte Suprema ordenó el arresto domiciliario del exmandatario. Uribe renunció entonces a su escaño en el Senado, provocando que su caso pasara de la Corte Suprema a la justicia ordinaria. La Fiscalía, bajo otra administración, intentó cerrar el caso en varias ocasiones sin éxito ante la contundencia de las pruebas presentadas.
La fiscal general Luz Adriana Camargo acusó formalmente a Uribe por los tres delitos en 2024. El proceso avanzó con 67 jornadas de audiencia, 70 testigos citados por la defensa y 37 por la contraparte. El juicio, seguido masivamente por redes sociales, incluyó declaraciones de condenados por paramilitarismo y diversos actores judiciales.
Jaime Lombana, abogado defensor de Uribe, afirmó: "La defensa se encuentra reparada para los dos escenarios". Añadió que espera una sentencia absolutoria, aunque reconoció "algo de ansiedad" y anticipó una apelación en caso de fallo adverso.
Por su parte, el senador Iván Cepeda, en diálogo con W Radio, sostuvo: "La justicia está cumpliendo con el principio de que no hay nadie que pueda desafiar la ley y la constitución de manera impune". También expresó que "habrá lesiones para el país" sea cual sea la decisión judicial.
Frente al escandalo judicial, varios actores políticos se pronunciaron al respecto. Desde la oposición, el senador Efraín Cepeda advirtió en redes sociales: "El proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe se ha convertido en una bandera política". El expresidente del Senado rechazó cualquier interferencia gubernamental y llamó a la "objetividad e integridad" del sistema judicial.
Desde el partido de Uribe, Rafael Nieto Loaiza, abogado cercano al Centro Democrático, afirmó en una columna que "la inmensa mayoría de quienes se han manifestado están convencidos de que el expresidente debería ser declarado inocente". En este sentido, cuestionó también la actuación de la Corte y la Fiscalía en diversas etapas del proceso.
Quien también se "pronunció" al respecto fue el candidato presidencial Miguel Uribe Turbay que, a pesar de permanecer en cuidados intensivos tras el atentado, el equipo del senador Uribe Turbay difundió el 27 de julio un video grabado en febrero, donde expresaba su respaldo al expresidente: "Presidente Uribe: aquí tiene soldados que lo acompañamos". Desde su entorno político reiteraron que el juicio tiene motivaciones políticas.
La decisión de la jueza Sandra Heredia podrá ser apelada por cualquiera de las partes ante el Tribunal Superior de Bogotá. Posteriormente, el caso podría llegar en casación a la Corte Suprema. En caso de condena, Uribe no iría a prisión debido a su cumplimiento con los requisitos procesales.