Bogotá,
Martín Olivera
Crédito foto: Presidencia de Colombia
Abelardo De La Espriella convirtió las extradiciones en una de las señales más visibles de su política de seguridad durante sus primeras semanas como presidente colombiano. En 54 días de gobierno, su administración alcanzó 110 procesos de extradición autorizados, después de sumar cinco nuevas decisiones al balance presidencial.
La cifra representa un aumento frente a las 105 autorizaciones informadas apenas un día antes, cuando el mandatario todavía contabilizaba 53 jornadas al frente del Ejecutivo. De La Espriella presentó ese ritmo como parte de una estrategia destinada a responder con rapidez a solicitudes formuladas por autoridades judiciales extranjeras.
Su Gobierno sostiene que las extradiciones permiten entregar a personas requeridas por delitos graves y fortalecer los mecanismos de cooperación judicial entre Colombia y otros países. Entre las conductas mencionadas aparecen narcotráfico, lavado de activos, terrorismo y actividades vinculadas con organizaciones criminales de alcance transnacional.
Estados Unidos figura entre los principales destinos mencionados en los casos divulgados durante las primeras semanas de la nueva administración colombiana. Uno de ellos corresponde a Allende Perilla Sandoval, requerido ante una corte federal de Texas por acusaciones relacionadas con fabricación, distribución e importación de cocaína.
Las autoridades estadounidenses lo vinculan con operaciones destinadas a producir y comercializar la droga con conocimiento de que sería introducida ilegalmente en ese país. Su extradición fue autorizada para que comparezca ante la justicia estadounidense por dos cargos incluidos dentro de un proceso federal abierto en Texas.
Otro expediente corresponde a Larry Amaury Álvarez Núñez, conocido como Larry Changa, cuya entrega fue autorizada a Chile tras una solicitud presentada por autoridades judiciales chilenas. El caso muestra que la política no se limita a Estados Unidos y contempla requerimientos procedentes de otros países mediante los canales legales correspondientes.
También figura Geovany Andrés Rojas, alias "Araña", señalado como cabecilla de los Comandos de la Frontera y extraditado a Estados Unidos durante septiembre. Su caso fue presentado por la Presidencia como ejemplo de la nueva orientación frente a personas requeridas por delitos relacionados con organizaciones criminales.
Esa postura también quedó reflejada en la decisión de terminar las mesas de diálogo y conversaciones sociojurídicas creadas durante la administración anterior. Tras ese cambio, el Ejecutivo ordenó avanzar con capturas, extradiciones pendientes y cumplimiento de las decisiones judiciales relacionadas con personas requeridas por la justicia.
Desde agosto, la Presidencia había adelantado que la extradición tendría un papel central dentro de su estrategia contra grupos armados y organizaciones criminales. Entonces fueron autorizadas entregas relacionadas con varios exnegociadores vinculados a diferentes estructuras, incluidos alias "Araña", "El Mocho Olmedo" y "Muñeca".