Bogotá,
Martín Olivera
Crédito foto: Martin Olivera (Composición/NotiPress)
Guaviare vuelve a concentrar preocupación humanitaria tras confirmarse que once menores figuran entre los 48 muertos recuperados. El dato desplazó el foco hacia el reclutamiento armado de menores en zonas rurales del sur de Colombia. La identificación forense incorporó una dimensión sensible a la disputa entre facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Los enfrentamientos ocurrieron el 27 de mayo en Barranco Colorado, área rural de San José del Guaviare. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó la identificación de 43 cuerpos, mientras cinco hombres permanecen sin identificar. La zona forma parte de un territorio selvático donde las comunidades dependen de rutas fluviales, caminos rurales y misiones humanitarias.
El balance forense identificó 39 hombres y nueve mujeres entre los cuerpos recuperados después de los combates. Entre las víctimas fueron reportados 11 menores, ocho de sexo masculino y tres de sexo femenino. Esa cifra activó alertas entre autoridades locales y organismos humanitarios por la presencia de menores en estructuras armadas ilegales.
Medicina Legal procesó los cuerpos en sedes de Bogotá, Yopal y Villavicencio, según la información oficial. Los restos fueron trasladados después del ingreso de una comisión humanitaria a una zona de difícil acceso. El operativo involucró autoridades civiles, organismos de protección y equipos de emergencia, debido a las condiciones del territorio.
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Según el gobernador Yeison Rojas, los habitantes del sector avisaron sobre los cuerpos y solicitaron acompañamiento para retirarlos. La misión ingresó por vía fluvial y regresó con los cuerpos mediante una combinación de botes y vehículos. La solicitud comunitaria priorizó una presencia humanitaria, en medio del temor generado por nuevas confrontaciones armadas.
El alcalde de San José del Guaviare, Willy Rodríguez, advirtió que el reclutamiento no afecta únicamente a menores locales. Según sus declaraciones, algunos menores son trasladados desde otras regiones hacia zonas donde operan grupos armados ilegales. También señaló la presencia de menores indígenas dentro de estas estructuras, de acuerdo con reportes recibidos por autoridades locales.
Las facciones enfrentadas surgieron después de la desaparición de las FARC como organización guerrillera unificada. Una estructura está asociada con Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, dentro del llamado Estado Mayor Central. Otra facción está vinculada con Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, dentro del Estado Mayor de Bloques y Frentes.
Estas estructuras se disputan corredores usados para economías ilegales, incluido el narcotráfico, en zonas selváticas con limitada presencia estatal. Ese contexto explica por qué la presencia de menores entre las víctimas elevó la preocupación sobre reclutamiento y protección comunitaria. La situación también expone riesgos para familias que permanecen en veredas alejadas, con movilidad restringida y servicios limitados.
Las autoridades locales reportaron confinamiento, posible desplazamiento y desabastecimiento en comunidades cercanas a las zonas de enfrentamiento. Rodríguez pidió apoyo del Gobierno nacional y del Comité Internacional de la Cruz Roja para ingresar con asistencia. La solicitud busca verificar el estado de comunidades aisladas, atender necesidades de alimentos y revisar posibles víctimas adicionales.