Bogotá,
Martín Olivera
Crédito foto: Centro de Memoria Histórica de Colombia
El 6 y 7 de noviembre de 1985, Colombia vivió uno de los episodios más graves de su historia reciente con la toma del Palacio de Justicia por parte del grupo armado M-19. Cuarenta años después, persisten las interrogantes sobre el operativo de retoma, la desaparición de personas y la actuación del Estado en los hechos.
Un comando del M-19 ingresó al Palacio de Justicia alrededor de las 11:30 am en el centro de Bogotá, con el objetivo declarado de enjuiciar al entonces presidente Belisario Betancur. La acción fue denominada por el grupo insurgente como Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre. Se estima que al momento de la toma había unas 350 personas dentro del edificio, entre magistrados, empleados, visitantes y miembros de seguridad.
La respuesta del Estado fue inmediata ya que unidades de la Policía y el Ejército rodearon el edificio. Menos de dos horas después, se inició una operación para recuperar los primeros pisos, lo cual provocó enfrentamientos armados e incendios que se extendieron durante horas. Las cámaras de televisión captaron imágenes de helicópteros aterrizando en la terraza y columnas de humo saliendo del recinto judicial.
Bajo fuego cruzado y sin garantías, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, pidió públicamente el cese del fuego pero según reportes posteriores, su solicitud no fue atendida. El 7 de noviembre, hacia las 2:30 pm, el gobierno informó que el Palacio había sido recuperado. En una alocución transmitida por televisión nacional, el presidente Betancur expresó: "Esa inmensa responsabilidad la asumió el presidente de la República, que para bien o para mal suyo, estuvo tomando personalmente las decisiones, dando personalmente las órdenes respectivas".
El informe oficial dio cuenta de más de 100 personas fallecidas, incluyendo 11 magistrados de la Corte Suprema, guerrilleros, civiles y agentes del Estado. Sin embargo, hasta la fecha solo fueron plenamente identificadas alrededor de 70 víctimas. A esto se suma la desaparición de al menos 11 personas, algunas de las cuales fueron vistas saliendo con vida del edificio, pero nunca volvieron a aparecer.
Algunos casos como el del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, quien fue registrado saliendo del palacio y más tarde apareció muerto con señales de ejecución, siguen sin resolverse. El historiador Julián Penagos declaró a Infobae Colombia: "Hay un informe de Medicina Legal que está perdido, en el que se hablaba de las dudas sobre las balas que asesinaron a los magistrados".
Cuatro décadas después, la toma del Palacio de Justicia sigue siendo un episodio sin cierre. Las familias de las víctimas, organizaciones de derechos humanos y comisiones de la verdad insisten en la necesidad de esclarecer los hechos y establecer responsabilidades completas. La ausencia de verdad judicial y la pérdida de documentos oficiales refuerzan la percepción de que este hecho continúa bajo una sombra que Colombia no logró disipar.