Bogotá,
Martín Olivera
Crédito foto: Presidencia de Colombia
El presidente colombiano Gustavo Petro afirmó que lo pueden meter preso en Estados Unidos y vinculó esa advertencia con sus negociaciones de paz. Sostuvo que esos diálogos podrían ser presentados como prueba de pactos ilegales con grupos armados.
Su pronunciamiento ocurrió en Timbío, departamento del Cauca, durante un acto público realizado el martes 12 de mayo. El mensaje llegó después de que la Fiscalía General de la Nación rechazara suspender órdenes de captura contra integrantes del Clan del Golfo.
La preocupación de Petro surge porque algunos sectores intentarían convertir los procesos de paz en una acusación judicial fuera de Colombia. "Me pueden meter preso, pero yo no voy a faltar a mi palabra de ser hombre de paz, escrita ante el pueblo del Cauca". Con esa frase, el mandatario relacionó el riesgo con conversaciones que su gobierno presenta como mecanismos de reducción de violencia.
En su discurso, Petro defendió que la Constitución colombiana asigna al presidente la conducción del orden público y la política de paz. También afirmó que ningún funcionario estatal puede desobedecer una orden presidencial en esa materia. La declaración apuntó a la fiscal general Luz Adriana Camargo, quien rechazó frenar capturas contra miembros del Clan del Golfo.
Conocido también como Ejército Gaitanista de Colombia, el Clan del Golfo participa en conversaciones sociojurídicas dentro de la política de paz del gobierno. El debate se intensificó porque algunas solicitudes incluían personas requeridas en extradición por Estados Unidos, entre ellas alias Chiquito Malo.
Según Petro, las reuniones de paz cuentan con observación de gobiernos extranjeros y organizaciones no gubernamentales. Mencionó a España, Suiza, Noruega, Brasil y Venezuela como países presentes en esa supervisión. El presidente agregó que también participan la Iglesia y miembros de la oposición. Con esa explicación, buscó responder a señalamientos sobre pactos ocultos con estructuras criminales.
El mandatario también defendió las zonas de concentración pactadas con grupos armados, al afirmar que son legales. De acuerdo con Petro, esas áreas permiten ordenar negociaciones y eventuales salidas de combatientes hacia sometimientos judiciales. En paralelo, Petro aclaró que no suspendió la orden de extradición contra alias Chiquito Malo. La controversia también involucró al comisionado de paz Otty Patiño y listas discutidas por la delegación gubernamental.
La referencia a Estados Unidos dio alcance externo a una disputa originada en decisiones judiciales colombianas. Chiquito Malo, identificado como Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, tiene concepto favorable de extradición emitido por la Corte Suprema colombiana. Ese trámite responde a una solicitud del Gobierno de Estados Unidos por cargos vinculados al narcotráfico.