Bogotá,
Martín Olivera
Crédito foto: Martin Olivera (Composición/NotiPress)
El Clan del Golfo, también denominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), registró un crecimiento del 140% en su pie de fuerza entre 2022 y 2025 y alcanzó 9.840 integrantes, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP). El documento lo identifica como el grupo armado con mayor número de miembros en Colombia y con presencia en 296 municipios distribuidos en 17 departamentos.
Para 2022, el Clan del Golfo mantenía operaciones en 145 municipios y 13 departamentos del país, según cifras citadas por la FIP. Para 2025, la expansión territorial casi se duplicó, lo que evidencia una ampliación sostenida durante el actual gobierno. La FIP señala: "el aumento más significativo se ha registrado en los últimos tres años, periodo en el que duplicó el número de integrantes que tenía en 2022, pese a haber sido el principal objetivo de la Fuerza Pública".
La estructura interna del EGC se compone de un Estado Mayor Conjunto, seis bloques y 39 subestructuras, esquema que permite coordinación centralizada y adaptación regional. De los 9.840 integrantes estimados, 3.328 se encuentran en armas, de acuerdo con el análisis citado. Esta configuración operativa le otorga capacidad de incidencia en distintas economías ilícitas y control territorial en zonas estratégicas.
En el plano financiero, la organización sostiene una nómina mensual que, según la fundación, asciende a 1,5 millones de dólares. Los salarios varían según el rango. Un comandante de frente puede percibir hasta 17 millones de pesos colombianos mensuales, mientras un cabecilla de zona urbana recibe alrededor de 3,5 millones. Los integrantes de menor rango, denominados puntos o campaneros, obtienen cerca de 1,5 millones de pesos.
La FIP indica que la diversificación de ingresos incluye minería ilegal, extorsión y control de economías ilícitas, además de participación en la cadena de producción y tráfico de cocaína. El informe afirma: "hoy en día, el Clan es el único actor armado en Colombia con capacidad para influir de manera directa en las dinámicas del tráfico global de drogas". Esta capacidad le permite intervenir tanto en el ámbito interno como en rutas internacionales.
Mientras avanzaba la expansión territorial, el Gobierno colombiano inició un proceso de negociación con el EGC dentro de la política denominada paz total. Las conversaciones incluyeron encuentros en Catar con acompañamiento de Suiza, Noruega y España. Entre los acuerdos preliminares figura la creación de Zonas de Ubicación Temporal en municipios como Belén de Bajirá, Unguía y Tierralta, con arribo progresivo de integrantes desde marzo de 2026.
El proceso contempla compromisos como la no interferencia en procesos electorales, el respeto a labores de desminado humanitario y la entrega de menores al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. No obstante, el informe advierte retos jurídicos asociados a la suspensión de órdenes de captura y desafíos políticos vinculados al calendario electoral.
La FIP también señala: "este fortalecimiento responde, en gran medida, a su organización interna, a su capacidad de adaptación a las políticas de seguridad y a contextos locales diversos, a la diversificación de sus fuentes de financiamiento y a la consolidación de un aparato económico robusto que sostiene su accionar armado".