Foto: Juan Diego Cano - Presidencia
En el contexto del lanzamiento de la nueva estrategia "Misión Cauca", el presidente Gustavo Petro ha sugerido la posibilidad de implementar un estado de excepción. Esto para garantizar la ejecución efectiva de obras públicas en regiones impactadas por el conflicto armado y economías ilícitas.
Durante su intervención, Petro destacó las dificultades significativas que enfrenta la contratación de proyectos en estas áreas, señalando la extorsión y amenazas de grupos armados como obstáculos principales. Según el mandatario, "me preocupa cómo se hacen, porque ya he escuchado aquí en las diversas intervenciones que contratar. Sí, eso es lo que se hace en Bogotá."
El presidente también abordó la posibilidad de declarar un estado de excepción, indicando: "¿Ameritaría un estado de excepción? Discútanlo. A mí ya me tumbaron uno cuando los niños de la Guajira no tenían agua, pero discutámoslo".
Petro ilustró su preocupación con ejemplos concretos de proyectos detenidos, como el estadio en Buenaventura del cual dijo: "Ya tengo una experiencia. A mí me gustaría que alguien me dijera, ¿cómo está el estadio que yo puse la primera piedra de Buenaventura? Está parada la obra."
En relación con la infraestructura vial en el Cauca, el presidente cuestionó la ejecución de proyectos clave, criticando al ministro de Transporte, William Camargo, al afirmar: "Si el Micay no fuera al mar, no estaríamos hablando del Micay. Pero el Micay va al mar y el mar es fundamental para el país. Entonces, ¿quién hace esa carretera? La plata está. Eso se llama el presupuesto nacional."
Además, Petro expresó preocupación por la seguridad de los contratistas, quienes frecuentemente son víctimas de extorsión por parte de bandas armadas que buscan controlar las utilidades de las obras públicas. Esta situación ha provocado la paralización de varios proyectos importantes, impactando negativamente a las comunidades locales.
El presidente Gustavo Petro ha planteado medidas radicales para enfrentar los desafíos en la ejecución de obras públicas en áreas afectadas por el conflicto armado y economías ilícitas.
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