Bogotá,
Martín Olivera
Crédito foto: Juan Diego Cano-Presidencia
Durante la primera semana de enero de 2025, el presidente Gustavo Petro tiene previsto firmar el decreto que establecerá el Plan de Austeridad del Gasto para el próximo año. Según informó Caracol Radio, el Ministerio de Hacienda lidera la preparación de este documento, que busca implementar medidas para regular el uso de los recursos públicos en un contexto de restricciones fiscales.
La elaboración del plan responde a la falta de aprobación en el Congreso de un proyecto de ley que proponía normas de financiamiento para el presupuesto general de la nación. Esta situación llevó al gobierno a priorizar estrategias para ajustar el gasto público y garantizar la sostenibilidad de las finanzas. Una comunicación oficial señaló que "cada entidad pública deberá elaborar su proyecto de plan interno y austeridad, el cual ajustarán y actualizarán mediante se expida el plan de austeridad del gasto por parte del gobierno Nacional para la vigencia fiscal 2025".
El Plan de Austeridad del Gasto, según lo reportado, incluiría medidas específicas para la optimización del presupuesto en todas las entidades públicas. De acuerdo con El Colombiano, entre las principales directrices del decreto se encuentran:
Según la Directiva Presidencial N° 13, emitida el 20 de diciembre de 2024, las entidades nacionales estaban obligadas a presentar, antes del 24 de diciembre, propuestas para ajustar sus planes de austeridad. Esta medida forma parte de las facultades otorgadas al gobierno por el artículo 19 de la Ley 2155 de 2021, que permite establecer directrices anuales relacionadas con la gestión eficiente del gasto público.
El plan estaría relacionado con el Decreto 444 de 2023, que reguló el gasto público para el año 2024. Sin embargo, las condiciones fiscales actuales presentan mayores desafíos, especialmente debido a la no aprobación de los proyectos de ley 300 y 245, los cuales buscaban establecer fuentes adicionales de financiamiento para el presupuesto nacional.
De acuerdo con lo informado, el decreto tiene como propósito mantener la estabilidad de los sectores prioritarios. Aunque se busca proteger áreas como salud, educación y protección social, indican que algunos recortes podrían impactar programas no esenciales, inversiones en infraestructura y proyectos sociales.