Foto: Presidencia Colombia
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que está dispuesto a dialogar con Nicolás Maduro si la Corte Constitucional anula el decreto de conmoción interior en el Catatumbo. La medida, implementada por el Gobierno, busca frenar la crisis de seguridad en la región, afectada por enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC.
Desde Tibú, Norte de Santander, el 6 de marzo de 2025, Petro explicó los alcances de la conmoción interior y detalló la inversión de 2,7 billones de pesos para fortalecer la seguridad, impulsar la restitución de tierras y mejorar la infraestructura. Estos proyectos forman parte del Pacto del Catatumbo, iniciativa expuesta en el Consejo de Ministros televisado el 3 de marzo.
Petro destacó que, sin la conmoción interior, el desarrollo de infraestructura en la región podría verse afectado. "Voy a hablar con Maduro a ver si construimos la zona económica especial, porque si nos tumban los decretos no podremos hacer la carretera rápidamente y entonces hay que salir para algún lado", declaró. La falta de vías fue señalada por el Gobierno como una barrera para el crecimiento económico del Catatumbo.
Uno de los planes anunciados por Petro es la erradicación manual de 25.000 hectáreas de cultivos ilícitos, descartando el uso de fumigación aérea. "No vamos a hacer una guerra con el campesinado del Catatumbo, sino a buscar una alianza fundamental para que el Catatumbo progrese y sea una región tranquila. El método que vamos a utilizar se llama pagos por erradicación de voluntaria de cultivos", explicó.
Gloria Miranda Espitia, directora del Programa de Cultivos Ilícitos, señaló que la estrategia de erradicación manual incluirá un incentivo equivalente al 90% de un salario mínimo mensual, es decir, $1.280.000, con el fin de fomentar cultivos de pancoger.
Anteriormente, el Presidente llamó a los grupos armados a cesar la violencia y presentó alternativas económicas para la región. "El acto revolucionario es abandonar la violencia, abrazarse sin armas con el pueblo", manifestó, destacando cultivos como cacao, café, cebolla y piña como opciones para el desarrollo sostenible.
Dicho decreto de conmoción interior fue cuestionado por diversos sectores, quienes advierten que podría vulnerar derechos y alterar el equilibrio institucional. La Corte Constitucional será la encargada de definir su legalidad, teniendo en cuenta que se trata de una medida excepcional con una duración máxima de 90 días, prorrogables por otros 90 días.
Según el Gobierno, se destinarán $881.000 millones para atender la emergencia social en el Catatumbo, con un enfoque en defensa. Además, se asignarán $330.000 millones para la erradicación de cultivos ilícitos.
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