Foto: Presidencia Colombia
Durante el mandato de Gustavo Petro, el Estado colombiano registró un aumento sin precedentes en su planta de personal. Según cifras obtenidas por La Silla Vacía mediante el análisis del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), entre 2023 y 2024 se sumaron aproximadamente 27.000 nuevos empleados públicos. Esta situación ocurrió al pasar de 889.000 a 916.000 personas vinculadas al sector estatal.
Este incremento, considerado el más alto desde la pandemia, también destacó por el tipo de contratación empleado. La mayoría de los nuevos trabajadores fueron vinculados mediante contratos por prestación de servicios (OPS), una modalidad que no garantiza derechos laborales plenos como vacaciones, estabilidad o prestaciones sociales.
Dicha situación contrasta con una de las promesas clave de la campaña presidencial de Petro. "El contrato de prestación servicios debe pasar a la historia", afirmó el presidente antes de asumir el cargo. Sin embargo, el número de contratos OPS en entidades centralizadas aumentó de 45.000 en 2021 a 63.000 en 2024, lo cual representa un crecimiento del 40%, el más alto entre los tres últimos gobiernos.
El gasto público asociado a esta modalidad de contratación también creció significativamente. Desde el inicio del actual gobierno hasta marzo de 2024, se destinaron más de 8 billones de pesos a contratos OPS, superando lo invertido en los mandatos de Juan Manuel Santos e Iván Duque.
La duración promedio de estos contratos fue de 211 días, por debajo del promedio de 230 días en el gobierno de Duque y de 234 días durante el de Santos. Esta reducción podría reflejar un aumento en la temporalidad laboral, situación que difiere de los planteamientos iniciales sobre mejorar las condiciones contractuales de los trabajadores del Estado.
El crecimiento del uso de contratos OPS no se limitó al Gobierno central. En la Agencia Nacional de Tierras (ANT) se registró el mayor número de contratistas OPS, seguida por la Defensoría del Pueblo, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac). En el Dane, gran parte del personal se vinculó para la ejecución del Censo Nacional Urbano (Cenu), especialmente como encuestadores.
A diferencia de otras entidades, la Defensoría del Pueblo redujo el número de contratistas entre 2024 y 2025. De acuerdo con la institución, "esta disminución se debe a una revisión interna de necesidades que derivó en la suscripción únicamente de los contratos ‘estrictamente necesarios’".
Entre 2016 y 2022, el promedio anual de aumento en la planta de personal del Estado fue de 0,02%. En contraste, entre 2023 y 2024, este crecimiento fue del 3%, lo que representa una aceleración de diez veces respecto a los periodos anteriores.
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