Petro pierde el respaldo territorial en su recta final y se agudiza la tensión política

Una fractura de alto impacto político sacude a Colombia: 17 gobernadores se rebelaron contra el decreto de emergencia económica firmado por el presidente Gustavo Petro, en lo que constituye una de las mayores crisis institucionales de su mandato. A pocos meses de entregar el poder, el mandatario enfrenta un escenario adverso marcado por la desobediencia territorial, salidas clave en su gabinete y un clima de creciente tensión preelectoral.

El 15 de enero de 2025, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció que no aplicaría el decreto en su territorio. En respuesta, otros 16 mandatarios regionales, entre ellos los de Valle del Cauca, Tolima, Meta y Nariño, se sumaron a la decisión. Las críticas se centran en que el decreto, al aumentar impuestos como el de licores y cigarrillos, comprometería los ingresos destinados a sectores como salud, educación y deporte.

Rendón declaró: "la urgencia del Gobierno no puede ser un cheque en blanco para ignorar el diseño constitucional del sistema tributario en Colombia" . Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, afirmó: "Nos va a afectar primero el contrabando. Segundo, se van a disminuir nuestros ingresos. Tercero, los ingresos que generen los impuestos, según el decreto, se van a venir para el gobierno central" .

El conflicto tiene como trasfondo la caída de la reforma tributaria en el Congreso, lo que llevó al Ejecutivo a declarar una emergencia económica para implementar medidas fiscales por decreto. Entre estas, se incluyen nuevos impuestos al patrimonio de los sectores más ricos, al sector financiero y a actividades reguladas como juegos de azar en línea.

Paralelamente, el gabinete de Petro sufrió una ola de renuncias que agrava el desgaste institucional. El Ministerio de Igualdad, el Departamento Administrativo de la Presidencia y la Dirección Nacional de Inteligencia cambiaron, advertencias diplomáticas y acusaciones de abuso de poder entre las distintas ramas del Estado.

La respuesta del Gobierno ha sido firme. El ministro del Interior, Armando Benedetti, advirtió: "Es un mal ejemplo que los gobernadores estén invitando a no acatar la ley. La Corte Constitucional es quien tiene esa función. Si ellos dicen que no se acate la ley, están usurpando las funciones de la Corte" .

Mientras tanto, los gobernadores avanzan en su estrategia legal. Cada uno interpondrá una tutela y exigirán una audiencia ante la Corte Constitucional, bajo el argumento de que el decreto vulnera derechos fundamentales en sus territorios. La figura legal de excepción de inconstitucionalidad también está en evaluación por varias administraciones departamentales.

Este conflicto se desarrolla en plena antesala electoral y podría tener repercusiones en la candidatura de Iván Cepeda, figura del oficialismo. Aunque Petro no puede reelegirse, su capacidad de influir en la contienda dependerá de su fuerza territorial, hoy en entredicho.