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Durante la IV Mesa Nacional para Combatir la Deforestación en la Amazonía, realizada el 3 de diciembre de 2024, se expusieron cifras alarmantes sobre la pérdida de bosques. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), la deforestación en la región amazónica aumentó un 223,52% en comparación con el mismo periodo de 2023.
La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, destacó que la presencia de actividades ilegales agrava esta situación crítica. Entre las principales causas se encuentran el narcotráfico, la minería ilegal y el acaparamiento de tierras, muchas veces facilitados por grupos armados. "Desde el 2001, con excepción del año 2023, se han reportado pérdidas de bosque por encima de las 110.000 hectáreas anuales", aseguró.
También alertó sobre el impacto de la ganadería en áreas protegidas, un problema que afecta gravemente los ecosistemas. Se estima que más de 1.200.000 cabezas de ganado invadieron parques nacionales como Chiribiquete y la Reserva Nukak. Estas actividades, indicó, no solo incrementan la deforestación, también alteran la biodiversidad de estas zonas clave para la conservación.
Otro de los factores relevantes mencionados fue la construcción de vías ilegales, que ascienden a 27.000 kilómetros en la región amazónica. Entre 2021 y 2022, se sumaron 742 kilómetros adicionales, intensificando la tala y el acaparamiento de tierras. Esta expansión de infraestructura ilegal promueve la pérdida de bosques y la ocupación de áreas destinadas a la conservación.
Gustavo Guerrero, procurador delegado para Asuntos Ambientales, señaló que se solicitaron medidas cautelares mediante acciones legales. Estas medidas buscan proteger la Amazonía, reconocida como sujeto de derechos por decisiones judiciales recientes. "Las medidas solicitadas pretenden que se impongan acciones para contener los dos motores de deforestación: construcción de vías ilícitas y extensión de ganadería en parques nacionales", afirmó Guerrero.
Además, se informó sobre el crecimiento de cultivos ilícitos en departamentos como Putumayo, Caquetá, Meta y Guaviare, donde se sumaron 3.680 hectáreas entre 2022 y 2023. Esta expansión, resaltaron, contribuye significativamente a la degradación ambiental y obstaculiza los esfuerzos de conservación en la región.
Cabello Blanco expresó inquietudes sobre el Proyecto de Ley de jurisdicción agraria y rural, el cual podría priorizar intereses agropecuarios sobre la conservación ambiental. En un país donde más del 80% del territorio es rural, esta posible despriorización de la conservación genera preocupación entre las autoridades ambientales.
Finalmente, se destacó el impacto positivo del proyecto "Fortalecimiento del Estado de Derecho Ambiental", financiado por el Reino Unido y ejecutado por la UNODC.
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