Foto: Sergio F Cara (NotiPress/Composición)
La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra varias figuras públicas de alto perfil en Colombia. Entre los investigados se encuentran Álvaro Moisés Ninco Daza, quien ocupó el cargo de embajador en México durante el periodo 2023-2024, y Gareth Steven Sella Forero, actual viceministro de la Juventud. Además, están involucradas María Niny Echeverry, exjefe de la Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial de la Superintendencia de Industria y Comercio, y Jaider David Rozo Rojas, funcionario de RTVC Sistema de Medios Públicos.
Dicha investigación se enfoca en las publicaciones hechas por los implicados entre marzo y junio de 2024 en la red social X (anteriormente Twitter). En estos mensajes, los funcionarios y exfuncionarios señalaron que un informe transmitido por la periodista Diana Saray Giraldo Mesa en una emisora nacional había contribuido al homicidio de Josué Castellanos, un líder campesino asesinado el 5 de marzo en Tame, Arauca. Según la Procuraduría, estas declaraciones pudieron afectar el buen nombre, la honra y la integridad de Giraldo Mesa, generando un entorno de violencia digital y hostigamiento en su contra.
En este contexto, la Procuraduría reconoció a Diana Saray Giraldo Mesa como víctima en el proceso disciplinario, conforme a lo establecido en la ley 1257 de 2008, protegiendo los derechos de las mujeres ante cualquier forma de violencia y discriminación. Además, se basa en tratados y convenios internacionales los cuales garantizan que lasmujeres deben vivir sin violencia ni discriminación y con respeto a su integridad física y psicológica. Esto le otorga a la periodista el derecho a intervenir en el proceso disciplinario, presentar pruebas, solicitar copias del expediente y ejercer su defensa legal para asegurar que se respeten sus derechos.
Su objetivo es determinar si las acciones y declaraciones de los involucrados constituyen una falta disciplinaria. La Procuraduría indagará las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se hicieron las publicaciones y evaluará si se cometieron infracciones las cuales vulneren los derechos fundamentales de la periodista. Además, se analizará la responsabilidad de cada uno de los implicados y si estas manifestaciones en redes sociales, hechas desde sus cargos públicos, promovieron un escenario en donde se afectó la vida y la integridad de Giraldo Mesa.
Asimismo, el Ministerio Público busca con este proceso disciplinario establecer si las acciones de los funcionarios encajan dentro de una conducta reprochable, acorde al marco legal vigente, y si ameritan una sanción disciplinaria. La Procuraduría subrayó la importancia de la protección a los periodistas, defendiéndolos en su rol esencial en la democracia y cuya labor debe ser respetada y protegida.
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