Foto: Josue Díaz (NotiPress/Composición)
La Procuraduría General de la Nación inició una indagación preliminar contra funcionarios de la Universidad Militar por presuntas irregularidades en la adquisición de un edificio. Esta investigación se centra en un inmueble con daños y afectaciones valorados en 14 millones 500 mil pesos. La delegada disciplinaria de instrucción 6 para la contratación estatal señaló que el edificio, destinado a ser la sede de posgrados de la universidad, presenta fallas estructurales y problemas con los parqueaderos, que no serían utilizables.
Además, la licencia de construcción del edificio fue emitida para actividades comerciales y servicios y para fines educativos. Ante ello, la Procuraduría revisará si hubo deficiencias en la planificación de la compra, dado que no se realizó un peritaje del inmueble antes de la compra. Esta falta de evaluación previa podría haber derivado a sobre costos adicionales para la universidad, relacionados con la determinación de la vulnerabilidad sísmica del edificio y las lesiones patológicas existentes.
Los gastos de reparación y adecuación podrían ser elevados debido a la imposibilidad de utilizar el edificio para el propósito educativo inicialmente previsto. En ese sentido, la investigación buscará identificar a los posibles responsables de estas irregularidades, determinar si las acciones constituyen faltas disciplinarias y establecer si hubo alguna causal de exclusión de responsabilidad.
Por ello, la Procuraduría examinará los aspectos de la transacción y la gestión del inmueble para esclarecer las responsabilidades correspondientes. Dicho proceso tendrá como objetivo garantizar que se tomen las medidas necesarias frente a posibles errores en la adquisición del inmueble, asegurando el respeto a las normativas y procedimientos establecidos en la contratación estatal.
Sin embargo, la institución pública continúa comprometida con la transparencia y la legalidad en el manejo de recursos estatales, para mantener la integridad y la correcta administración en la adquisición de bienes para entidades educativas. Asimismo, la Procuraduría General de la Nación permanecerá vigilante para asegurar que cualquier irregularidad detectada sea abordada adecuadamente. Esa medida protegerá los intereses públicos y asegurará la correcta utilización de los recursos destinados a la educación superior.
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