Bogotá,
Martín Olivera
Crédito foto: Sergio F Cara (NotiPress/Composición)
La Procuraduría General de la Nación informó este jueves 2 de enero que inició un juicio disciplinario contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por presunta omisión en sus funciones. El funcionario está señalado como responsable de no prevenir ni gestionar adecuadamente la crisis de desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos durante 2023. A raíz de esta situación se vieron afectados gravemente miles de pacientes en Colombia.
Esta investigación liderada por el Ministerio Público y la Sala Disciplinaria de Instrucción determinó que Jaramillo tardó meses en implementar acciones para mitigar el desabastecimiento, a pesar de las advertencias previas. Desde 2022, asociaciones médicas habían alertado sobre el riesgo de escasez de al menos 2.351 medicamentos esenciales, muchos necesarios para el tratamiento de enfermedades huérfanas y condiciones críticas.
"El doctor Jaramillo Martínez solo planeó y ejecutó acciones concretas orientadas a prevenir y superar el desabastecimiento de medicamentos, mediando una orden de un tercero, cuando debió hacerlo por el simple cumplimiento diligente y eficiente de sus funciones", señaló la Procuraduría en su comunicado oficial. Las acciones efectivas se llevaron a cabo únicamente tras las órdenes judiciales emitidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en octubre de 2023, que exigieron establecer una política farmacéutica integral.Como respuesta a esa orden, el Ministerio de Salud emitió en noviembre de 2023 la Resolución 1896. La misma incluía un plan de acción con estrategias concretas para enfrentar la crisis. Según el informe de la Procuraduría, este plan se elaboró en cumplimiento de la orden judicial y no como parte de una gestión proactiva.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca había solicitado medidas urgentes desde 2022, tras advertir que la crisis ponía en peligro el acceso a medicamentos de primera necesidad. En diciembre de 2024, el Tribunal reiteró al Gobierno la necesidad de organizar mesas de trabajo con la participación de entidades clave del sistema de salud. Estas mesas, que involucran a la Procuraduría, las EPS, la Superintendencia de Salud, organizaciones de pacientes y otros actores, tienen como objetivo diseñar una nueva política farmacéutica integral garantizando el abastecimiento a largo plazo.
La Procuraduría calificó provisionalmente la conducta de Jaramillo como una "Falta Grave a título de Culpa Grave", argumentando que su omisión impactó negativamente el derecho fundamental a la salud. En el pliego de cargos se especifica que la omisión o el retraso injustificado en las funciones propias del ministro afectaron directamente la prestación del servicio de salud y el acceso a medicamentos esenciales.