Foto: X @petrogustavo
En su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió abrir procesos penales contra funcionarios de Estados Unidos por ataques en el mar Caribe. Según el mandatario, estas operaciones militares realizadas durante la administración de Donald Trump constituyen una violación del derecho internacional. "Se le debe abrir proceso penal a los funcionarios que dieron la orden de lanzar los misiles contra las embarcaciones en el Caribe", expresó en su intervención en Nueva York.
Las palabras de Petro generaron interrogantes sobre la viabilidad de una acción penal en el plano internacional. Una de las instancias posibles es la Corte Penal Internacional (CPI), tribunal creado por el Estatuto de Roma para juzgar crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y agresión. Sin embargo, Estados Unidos no es parte de dicho tratado, lo cual limita de manera significativa la competencia del tribunal. Solo sería posible una investigación si los hechos ocurrieran en territorio de un Estado parte o mediante una remisión del Consejo de Seguridad de la ONU, aunque este escenario enfrenta el obstáculo del poder de veto de Washington.
Otra vía es la jurisdicción universal establecida en las legislaciones de países como España, Bélgica y Alemania. Este mecanismo permite investigar crímenes graves cometidos fuera de sus fronteras. En este contexto, un funcionario estadounidense podría ser procesado si ingresa a esos territorios, siempre que exista disposición de las autoridades judiciales y políticas de dichos Estados.
También existe la opción de crear tribunales ad hoc bajo mandato del Consejo de Seguridad, como ocurrió en Ruanda o la ex Yugoslavia. No obstante, la participación de Estados Unidos como miembro permanente del organismo vuelve improbable que prospere un tribunal especial para investigar estos hechos.
En el ámbito político y diplomático, los Estados y líderes internacionales pueden elevar denuncias o solicitar investigaciones ante foros multilaterales. Estas medidas no constituyen procesos judiciales directos, pero sí ejercen presión sobre fiscalías internacionales o tribunales con jurisdicción universal para que analicen la situación.
Durante la misma intervención, Petro criticó la política antidrogas de Washington y recordó la decisión de descertificar a Colombia por el gobierno de Trump. "Por eso hablo ante ustedes como un presidente descertificado por el mismo presidente Trump, sin que él tuviera ningún derecho a hacerlo, ni humano ni divino, y sin razón mental", afirmó el jefe de Estado. La descertificación fue justificada por la Casa Blanca al considerar que Colombia había "fallado notablemente" en sus obligaciones frente al narcotráfico.
Petro vinculó los ataques en el Caribe con cuestionamientos de mayor alcance sobre la política antidrogas y el papel de Estados Unidos en la región. Según sus palabras, las operaciones militares habrían afectado a embarcaciones con personas "desarmadas de migrantes". El presidente insistió en que estos hechos deben investigarse en instancias judiciales internacionales.
Las rutas jurídicas disponibles muestran que un eventual proceso contra funcionarios estadounidenses tendría obstáculos tanto legales como políticos. Aunque existen precedentes de tribunales internacionales y marcos de jurisdicción universal, la ausencia de Estados Unidos en el Estatuto de Roma y su influencia en el Consejo de Seguridad limitan de manera considerable las opciones.
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