Bogotá,
Martín Olivera
Crédito foto: Martin Olivera (Composición/NotiPress)
La presión de El Niño comienza a trasladarse del clima a las finanzas del campo colombiano, donde miles de productores enfrentan mayores riesgos operativos. Ante ese escenario, el Gobierno de Abelardo De La Espriella prepara una declaratoria de emergencia económica para acelerar medidas de alivio crediticio.
Presentada por el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, la iniciativa llegaría al Consejo de Ministros el lunes 28 de septiembre. Todavía no está vigente y deberá contar con la aprobación presidencial y la firma de todos los integrantes del gabinete. Su objetivo inicial es abrir herramientas temporales para que productores afectados mantengan liquidez mientras enfrentan menores ingresos o mayores costos derivados del fenómeno climático.
El mecanismo está contemplado en el artículo 215 de la Constitución colombiana y permite declarar un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Esa figura puede utilizarse cuando hechos graves amenazan el orden económico, social o ecológico, o cuando existe una situación considerada calamidad pública.
Durante su vigencia, el Ejecutivo puede expedir decretos legislativos directamente relacionados con la emergencia y destinados a contener sus efectos. Cada declaratoria puede durar hasta treinta días, mientras la suma de estos periodos no puede superar noventa días dentro del mismo año.
Además, tanto la declaratoria como los decretos posteriores quedan sujetos al control de la Corte Constitucional, que revisa el uso de esas facultades extraordinarias. En este caso, uno de los primeros objetivos sería aliviar temporalmente las obligaciones financieras de productores afectados por las condiciones asociadas con El Niño.
El plan permitiría congelar determinados pagos durante tres o cuatro meses, evitando que esa suspensión temporal deteriore automáticamente la calificación crediticia del productor. Agricultura también estudia llevar parte de las obligaciones a plazos de hasta dos años, con el propósito de reducir amortizaciones y cuotas inmediatas.
Con estas medidas, el Gobierno busca dar mayor margen financiero cuando sequías, menores rendimientos o dificultades productivas presionen el flujo de caja. La medida no elimina las deudas, pero sí podría aplazar pagos y redistribuir obligaciones para evitar presiones concentradas en los meses más difíciles.
La cartera vinculada a las actividades mencionadas por el Gobierno ronda los 55 billones de pesos colombianos, aunque todavía no se conoce cuánto accedería efectivamente. Entre los sectores señalados aparecen flores, caña, café, cacao, palma, aguacate, cítricos, pasifloras y tilapia, que generan aproximadamente 11.000 millones de dólares anuales en exportaciones.
El Gobierno también busca acelerar devoluciones del impuesto al valor agregado para agroexportadores y mejorar el acceso a liquidez mediante mecanismos adicionales de crédito. Sin embargo, siguen pendientes detalles sobre requisitos, entidades financieras participantes y la cobertura exacta de capital, intereses o ambos componentes de las obligaciones.
La iniciativa avanza mientras el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales calcula más de 90% de probabilidad de un episodio muy fuerte. También estima en 75% la posibilidad de que este El Niño sea el más intenso desde 1950, con efectos distintos según cada región.