Foto: legadouribe.com
El Tribunal Superior de Bogotá rechazó la solicitud de medida cautelar presentada por la defensa del expresidente colombiano Álvaro Uribe, quien fue sentenciado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. La decisión judicial se llevó a cabo el lunes 5 de agosto de 2025.
De acuerdo con la resolución judicial, el tribunal decidió "no decretar la medida provisional" solicitada dentro de la acción de tutela promovida por la defensa del exmandatario. Asimismo, aclaró que contra este pronunciamiento "no proceden recursos".
El proceso judicial aún sigue en curso, y el tribunal continúa evaluando el fondo de la acción de tutela. A través de esta vía, la defensa de Uribe solicitó su libertad inmediata, argumentando presuntas vulneraciones a sus derechos fundamentales. En su resolución, la sala explicó que "no se accederá a decretar la medida provisional solicitada, lo cual en manera alguna significa que a partir de esta providencia se desprenda el sentido del fallo que se vaya a emitir cuando se resuelva la presente acción, el cual deberá estar precedido de los elementos de juicio que en forma oportuna habrán de allegarse".
La tutela fue presentada por el abogado Jaime Granados, quien afirmó que la sentencia dictada el 1 de agosto "transgredió derechos fundamentales como la dignidad humana, el debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad" de su defendido. Como parte de la estrategia jurídica, la defensa pidió suspender temporalmente la ejecución de la pena mientras se tramita la apelación.
Álvaro Uribe, de 73 años, fue condenado a prisión domiciliaria, inhabilitado por ocho años para ocupar cargos públicos. También, fue sancionado con una multa equivalente a 2.420 salarios mínimos, lo que representa cerca de 830 mil dólares estadounidenses. La jueza Sandra Heredia ordenó su detención inmediata, aunque el fallo aún debe ser revisado en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá.
El caso que involucra al exmandatario se originó en 2012, cuando Uribe acusó al entonces senador Iván Cepeda de intentar vincularlo con grupos paramilitares. La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación en 2018 contra Uribe por presunta manipulación de testigos, hecho que marcó el inicio formal del proceso penal.
Durante el juicio, Álvaro Uribe sostuvo su inocencia siendo respaldado por figuras políticas como el expresidente Iván Duque, y por integrantes de la oposición. Por su parte, sectores cercanos al actual Gobierno celebraron la sentencia como un acto de justicia. La jueza Heredia extendió hasta el 13 de agosto el plazo para que la defensa formalice el recurso de apelación.
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