Bogotá,
Martín Olivera
Crédito foto: Martin Olivera (Composición/NotiPress)
Un teléfono puede convertirse en la primera puerta hacia un grupo armado para un niño que vive en una zona rural de Colombia. Videos con dinero, motocicletas y armas, mensajes privados o falsas ofertas laborales forman parte de estrategias que buscan atraer a menores vulnerables.
Fuera del entorno digital, Human Rights Watch también registró casos de captación en escuelas, torneos deportivos y espacios comunitarios. Desde 2021, al menos 1.500 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados por organizaciones armadas ilegales, según datos analizados por la organización.
La magnitud resulta especialmente grave entre comunidades indígenas, que representan cerca del 4% de la población colombiana, pero concentran casi la mitad de las víctimas. Más de la mitad de los casos documentados se ubican en Cauca, departamento del suroeste donde confluyen presencia armada, pobreza y aislamiento geográfico.
Además, más del 30% de los menores reclutados tenía entre 10 y 14 años, una edad particularmente vulnerable frente a estas estrategias.
Durante 2025, el 44% de los menores incorporados habría sido captado mediante redes sociales, de acuerdo con cifras de la Jurisdicción Especial para la Paz citadas por HRW. Cuentas en TikTok y Facebook muestran armas, uniformes, dinero y motocicletas, mientras algunas publicaciones presentan supuestos empleos o contactan directamente a adolescentes.
Un joven de 17 años relató que decidió incorporarse después de observar publicaciones de un amigo que exhibía dinero, motocicletas y una vida aparentemente lujosa. "Antes de unirme al grupo, vi a un amigo que ya estaba con ellos y publicaba muchas cosas de lujo, como dinero y motocicletas, y así fue como me convencí."La captación también puede comenzar en escuelas, torneos deportivos o mediante otros menores reclutados, utilizados como intermediarios para convencer a compañeros de abandonar sus comunidades. Algunas niñas enfrentan además mecanismos de manipulación romántica, mediante relaciones sentimentales utilizadas para facilitar su incorporación a las estructuras armadas.
Entre las estrategias documentadas, Human Rights Watch identificó casos donde civiles podían recibir alrededor de 1.000 dólares por cada menor reclutado.
Una vez incorporados, algunos menores son trasladados a otras regiones para romper vínculos familiares, reducir posibilidades de fuga y aumentar su dependencia del grupo armado. Allí pueden recibir entrenamiento militar o ser utilizados como informantes, mensajeros, vigilantes, guardaespaldas, asistentes médicos y participantes en actividades relacionadas con el narcotráfico.
Otros testimonios recopilados describen adolescentes entrenados para operar drones, incluso dispositivos cargados con explosivos, presentados en ocasiones como una actividad similar a un juego. Las niñas enfrentan riesgos adicionales de violencia sexual, mientras el alejamiento de sus comunidades profundiza el desarraigo y dificulta cualquier proceso posterior de protección.
El problema también expone debilidades institucionales persistentes en la prevención y persecución penal del reclutamiento infantil. Human Rights Watch señala que aproximadamente el 1% de las denuncias registradas durante la última década derivó en una investigación penal y apenas 0,2% terminó en condena.
La organización considera desactualizada la política de prevención aprobada en 2018 y advierte sobre falta de presupuesto, capacidad local y apoyo suficiente para aplicarla. Para frenar esta dinámica, HRW plantea fortalecer la protección comunitaria, ampliar oportunidades educativas y mejorar la respuesta institucional en los municipios donde los menores enfrentan mayores riesgos.